La triple inestabilidad

LA enésima alteración en la parte alta del organigrama de uno de los departamentos del Gobierno vasco, en este caso en uno de los más variables, el de Empleo y Asuntos Sociales que dirige Gemma Zabaleta, incide en una característica que ha acompañado, reiterándose durante estos escasos dos años de legislatura, a varias de las consejerias -Cultura, Interior, Sanidad...- del Ejecutivo que preside Patxi López y en la sensación de inconsistencia que dicho rosario de ceses, dimisiones, nombramientos inesperados y cambios de destino provocan precisamente en un momento en el que se requiere más que nunca todo lo contrario a un gobiernomovedizo ante los retos económicos, políticos y de desarrollo del autogobierno que afronta Euskadi. Sin embargo, esa inestabilidad institucional que reflejan -y que producen- los continuos cambios en las altas esferas de buena parte de los departamentos del Ejecutivo no es única, ni quizás la más importante que afecta a éste. El Gobierno López padece, posiblemente como causa previa a ese desequilibrio, una inestabilidad emocional -entendido el término como inseguridad en sus criterios públicos- que se hace patente en las constantes variaciones de discurso entre sus principales portavoces, con matizaciones que sitúan al ciudadano en muchas ocasiones al borde de la más absoluta incomprensión. Baste como ejemplo la diferencia entre lo declarado el jueves por el propio Patxi López en torno a la extensión de su pacto con el PP a otras instituciones y lo referido al respecto ayer mismo por la portavoz de su gobierno, Idoia Mendia. O las distintas afirmaciones de López respecto a la izquierda abertzale y el denominado proceso de paz antes y después de reunirse el jueves en Madrid con el presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. No es, en cualquier caso, sólo un problema de coherencia. El Ejecutivo aún adolece de otra inestabilidad que se encuentra precisamente en la raíz de las dos anteriores y que surge de haber alcanzado el poder mediante un forzado Acuerdo de Bases con el PP que no es respaldado no ya por la mayoría de sociedad sino incluso por una gran parte de las bases socialistas. También de la presión que dicho acuerdo permite a los populares. Se trata, en este caso, de una inestabilidad estructural por cuanto un gobierno que ha desoído el criterio socialmente -e internamente- mayoritario y que al hacerlo sufre una patente dependencia de un socio preferente con quien únicamente le une ideológicamente el constitucionalismo español, no puede ser capaz de lograr un sustento que le proporcione seguridad -más allá de una mera suma numérica que además no se traduce a la realidad del día a día- a la hora de plantear y desarrollar políticas que afectan al ciudadano.