Síguenos en redes sociales:

La puerta de Gdeim Izik

España. Francia, EE.UU., Gran Bretaña y Rusia, al sortear en abril la exigencia saharaui de un mecanismo de supervisión de los Derechos Humanos, franquearon a Marruecos la entrada al campamento y sitúan al Sahara al borde del conflicto armado

CON el violento ataque de las fuerzas militares marroquíes al campamento de Gdeim Izik, a 15 km. de El Aaiún, en el que alrededor de 20.000 saharauis protestaban pacíficamente desde el 10 de octubre por la situación social y económica derivada de la ocupación marroquí y la continua conculcación de derechos de la población del Sahara, Rabat inicia una nueva fase en la represión que ejerce sobre el pueblo saharaui desde hace más de tres décadas. La escalada se intuía tras el discurso de Mohamed VI el sábado, aniversario de la Marcha Verde, advirtiendo de que Marruecos no toleraría siquiera dudas respecto a su potestad no ya sobre los territorios ocupados sino incluso sobre la franja que, más allá de los 2.500 kilómetros de muro con que el reino alauita ha dividido el Sahara, es controlada por el Frente Polisario. Pero la responsabilidad de querer empujar al Polisario a suspender las desesperanzadas negociaciones de Nueva York y situar de nuevo al Sahara al borde del enfrentamiento armado -la violencia ha sido consuetudinaria por parte de Marruecos- no es exclusiva de Rabat. La pasividad de la comunidad internacional, la irresponsabilidad de la ONU, la dejadez mediatizada por intereses económicos y políticos de España, como último estado colonizador, de Francia, como primer aliado y socio comercial europeo de Marruecos, y de Estados Unidos, como potencia que alimenta el régimen alauita frente al islamismo radical, han acabado por situar a las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ante la difícil tesitura de contener la indignación interna y el hartazgo de las nuevas generaciones, que cuestionan seriamente la política de inmensa paciencia del Frente Polisario. Fueron España, Francia y Estados Unidos, junto a Gran Bretaña y Rusia, los que sortearon el pasado abril la exigencia saharaui para que el Consejo de Seguridad de la ONU incluyera un mecanismo de supervisión de los Derechos Humanos en la resolución, luego aprobada sin esa solicitud, de continuidad de la ya ridículamente escasa misión para el Sahara que, bajo el nombre de Minurso, se mantiene sobre el terreno (aunque sin operatividad práctica) desde que en 1981 Marruecos aceptara la celebración de un referéndum de autodeterminación que, como se ha demostrado, no pensaba cumplir. Aquella decisión y la indiferencia ante la situación en Gdeim Izik han sido las puertas por las que Marruecos entró ayer violentamente en el campamento para situar al Sahara en el umbral de un enfrentamiento que es de alcance tan impredecible como desconocido el número real de víctimas que la represión provocó ayer en El Aaiún. El Polisario se ha vuelto a encomendar a la ONU, pero se antoja más la búsqueda de un último aporte de legitimidad que de verdadera esperanza en un organismo que ha fracasado durante 35 años. La mecha ha prendido en el Sahara.