Violencia explícita e implícita

LA confirmación de que ETA ha seguido enviando cartas de extorsión en el mes de julio, es decir, dentro del periodo de "hace ya algunos meses" transcurrido desde que decidiera, según anunció el domingo, "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas" confirma que la consciente ambigüedad que en el comunicado rodea a esa decisión deja totalmente abierta la puerta a la amenaza y convierte las necesarias dosis de esperanza en incertidumbres que se inclinan incluso hacia la preocupación por los términos en que ETA se dirige a los extorsionados, nada diferentes de los usados en tiempos de la mayor presión violenta. ¿Cómo se puede entender si no el "a partir de este momento tanto Ud. como sus bienes se convierten en objetivo operativo de ETA, quedando en manos de nuestra organización el cuándo y el cómo actuar contra Ud." con el que ha extendido su amenaza hace apenas unas semanas? ETA puede pretender que la violencia verbal dramáticamente explícita en sus cartas de extorsión no forma parte de lo que ha denominado eufemísticamente "acciones armadas ofensivas", sino de "sus campañas de aprovisionamiento" pero con la alusión a las consecuencias para el amenazado en el caso de que no complete sus exigencias, ETA se arroga la potestad de decidir sobre la integridad de las personas y los bienes, es decir, no renuncia al recurso a la violencia y, por tanto, a las citadas "acciones armadas ofensivas". Incluso en el supuesto caso de que tuviera previsto no llevar a efecto sus amenazas durante el indefinido cese de parte de su actividad -visto que no la ha suspendido en toda su extensión- ETA seguiría ejerciendo una inaceptable intromisión en la vida social, económica y política del país y violentando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y de esa intrusión coercitiva de las libertades individuales surge la honda preocupación respecto a la motivación y el recorrido del anuncio que ETA efectuó el domingo, porque quien se arroga esa potestad de inmiscuirse violentamente en la vida de los demás arroja más que serias dudas sobre la credibilidad -aun en la hipótesis de que llegara a existir- de una pretendida disposición a cumplir la exigencia de los mediadores internacionales y de la propia izquierda abertzale, en virtud de la aplicación de los Principios Mitchell, para que no intente tutelar un "proceso democrático" que debe transcurrir "por vías exclusivamente políticas y pacíficas". En definitiva, aun con sus propios ritmos, no es suficiente con que ETA anuncie, como ha hecho, que ha decidido no atentar, ni siquiera con que llegue a decidir asimismo eliminar la violencia explícita de la extorsión que aún mantiene, sino que se hace imprescindible que se acabe sometiendo a los deseos de la sociedad y suprima la distorsionadora amenaza implícita a su existencia. Son los siguientes pasos que la sociedad vasca espera.