EL consecutivo y público posicionamiento de Patxi López, al anunciar una actitud "vigilante" respecto a una negociación de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado entre el grupo parlamentario del PNV y el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y del hombre fuerte de su Ejecutivo, Rodolfo Ares, al especificar a continuación que López no debe estar en esas negociaciones aunque estará "informado" de las mismas son consecuencia de un error conceptual por el que, desde el Partido Socialista, por boca de José María Barreda y Tomás Gómez inicialmente, se mezclaron los diferentes planos que se superponen -y tantas veces se confunden- en la política estatal. En primer lugar, y para que Patxi López no se lleve a engaño, su cargo no le concede el don de la ubicuidad y la omnipotencia política. Es decir, el plano de la negociación parlamentaria en Madrid es ajeno a su actividad, aunque no lo sea a sus intereses, y en todo caso su nivel de influencia en el mismo será a través de los canales internos del PSOE, partido al que pertenece, y siempre en consonancia, o supeditado, a los réditos que su formación siempre ha considerado principales, los del Gobierno del Estado, ahora presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Que esto afecte a iniciativas, tácticas o estrategias de López y del PSE no es, precisamente, responsabilidad del PNV. En segundo lugar, que los nacionalistas incluyan entre las condiciones de la negociación compromisos con el autogobierno, principalmente aunque no sólo en el ámbito económico, como el cumplimiento de las transferencias de Inspección de Trabajo, FP, Instituto Social de la Marina, gestión económica de la Seguridad Social, Políticas Activas de Empleo, Políticas Pasivas de Empleo, Fondo de Garantía Salarial o Competencias de Crédito, Banca y Seguros, tal y como especifica el incumplido Estatuto de Gernika, si llega a entenderse como una invasión del papel institucional que corresponde al Gobierno vasco sólo se debe a la incapacidad de éste para acordar con sus propios correligionarios el cumplimiento de un ley que el propio López y el PSE de manera reiterada habían prometido a la sociedad vasca cumplimentar sin que hasta el momento y tras quince meses de gobierno hayan avanzado mínimamente al respecto. Esa responsabilidad tampoco puede ser endosada al nacionalismo. Y en tercer lugar y en cualquier caso, si como desde el PSE se han apresurado a asegurar, la negociación no afecta a la gobernabilidad de Euskadi y su pacto con el PP y López cuenta con el nivel de interlocución suficiente dentro del PSOE, él y su equipo deberían celebrar que el principal partido de la oposición en Euskadi pueda lograr herramientas eficaces para su gobierno y para la sociedad que gobierna. Salvo que antepongan el coste electoral de que los ciudadanos sí atribuyan en esto la responsabilidad al PNV.
