Ayudas bajo la sospecha de amiguismo

EL Gobierno de Patxi López, a través de su Departamento de Justicia que lidera la consejera Idoia Mendia, ha concedido las ayudas correspondientes a este año destinadas a "organizaciones y movimientos sociales que desarrollan actividades a favor de la Paz y los Derechos Humanos en Euskadi". El importe total de estas ayudas -655.371 euros- es lo suficientemente importante como para, tratándose de dinero público y de una materia tan sensible como los derechos humanos, sean exigibles para su concesión criterios absolutamente alejados de la discrecionalidad. Sin embargo -tal y como ocurrió el año pasado, primero en el que el gabinete socialista concedía las subvenciones-, un vistazo a la resolución del Departamento de Justicia fechado el 28 de julio ofrece varias sorpresas y, también, motivos suficientes para la sospecha de que, una vez más, el impulso político y la cercanía ideológica hacia algunas de las organizaciones, así como la animadversión hacia otras, se ha impuesto a la hora de establecer las ayudas. Ya lo advirtió la propia Mendia: "Las prioridades de este Gobierno a la hora de repartir los fondos van a ir en un sentido muy distinto al que se ha seguido hasta ahora". Dicho y hecho. Al menos, no se le puede negar una claridad meridiana en las intenciones. Así, en base a este "sentido muy distinto" en los criterios, el Ejecutivo de López ha vuelto a jugar a la contra con el objetivo de deshacer lo que hasta ahora se había venido creando por parte de los gobiernos nacionalistas. Sólo así se entiende que, por ejemplo, un movimiento social como Lokarri, firmemente comprometido con la paz y los derechos humanos, haya pasado en apenas dos años de obtener cerca de 30.000 euros de ayudas a percibir sólo 4.350 euros, una cantidad a todas luces insuficiente y equiparable a lo que, por ejemplo, van a recibir algunos grupos de boy scouts. El desencuentro y las diferencias en muchos aspectos entre el PSE y el Gobierno vasco y Lokarri son públicos y notorios, por mucho que algunos socialistas a título individual pertenezcan o mantengan cierta sintonía o afinidad con este movimiento social. Pero estas discrepancias nunca pueden ser motivo de discriminación. Sin embargo, todo apunta a una especie de criterio de castigo hacia Lokarri, que ya fue excluido hace dos meses del consejo de víctimas. Una de las claves la dio el consejero de Interior, Rodolfo Ares, cuando aclaró que su gobierno no considera a Lokarri como una organización destinada únicamente a conseguir la paz. Tampoco lo es, por ejemplo, Covite, la asociación de víctimas del terrorismo que, según la misma resolución hecha pública, percibirá casi 18.000 euros por actividades no estrictamente relacionas con la paz y los derechos humanos, como los 6.000 euros destinados a la traducción de su página web a inglés, francés y euskera. La sospecha de amiguismo pende sobre estas ayudas.