LAS imágenes que en abril de 2003 impactaron al mundo pese a la reiteración de durísimas escenas propias de una guerra en toda su dimensión no dejaban lugar a dudas: carros de combate norteamericanos inspeccionan y vigilan el centro de Bagdag, dirigen lentamente su torreta hacia lo alto de un hotel y abren fuego. Como resultado de tan peculiar operación militar, dos periodistas murieron (José Couso, que ejercía como cámara para Telecinco, y Taras Protsyuk, de la agencia Reuters) y varios quedaron heridos. Se trataba de un ataque a todas luces injustificado, desproporcionado y criminal contra la prensa, que únicamente intentaba ejercer su papel en la precaria medida que una sangrienta guerra se lo permite. Era la prueba palpable de que los contendientes en una guerra no quieren incómodos testigos, como se ha visto también en Afganistán y fe de ello da el famoso vídeo filtrado en Wikileaks, la misma web que ha desvelado ahora los secretos del Pentágono. Por toda respuesta, la administración norteamericana, por entonces liderada con su habitual estilo belicista y autosuficiente por George W. Bush, pretendió desentenderse del asunto no permitiendo ni iniciando investigación alguna sobre lo sucedido y respondiendo que los soldados creyeron disparar contra francotiradores. Los hechos y los testigos, sin embargo, apuntan claramente a que necesariamente conocían que el hotel Palestina era el lugar de alojamiento de la prensa internacional y que los periodistas llevaban bien visible su chaleco advirtiendo de su condición de reporteros. Tras siete largos años de intentos infructuosos, ayer el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dio un paso que puede resultar histórico, aunque cuyo alcance está aún por ver, al ordenar la busca y captura y la posterior extradición a España de los tres militares norteamericanos presuntamente responsables de la muerte de Couso. El juez se ampara en la decisión del Tribunal Supremo, que esta misma semana ha dictado una sentencia en la que anula la decisión de la Audiencia Nacional de sobreseer el caso Couso y establece como principio que es penalmente imputable la denominada "estrategia bélica de impacto y pavor" -es decir, actos como el bombardeo sobre personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado- contra los responsables de tales actos. Cabe esperar que el cambio de administración en EE.UU. y la nueva política llevada a cabo por Barack Obama den como resultado una colaboración leal con la justicia que concluya en una investigación del caso hasta sus últimas consecuencias. No estamos acostumbrados a que los todopoderosos Estados Unidos se avengan a facilitar la tarea a una justicia que no les es "propia", pero crímenes contra la comunidad internacional como el de Couso deben ser perseguibles internacionalmente. Obama no puede amparar y dar impunidad a la estrategia de "impacto y pavor".