LA devolución por parte del Gobierno español al PNV de documentos incautados por los franquistas durante la Guerra Civil ha seguido las pautas que marcan la relación de Euskadi con España cuando se aborda cualquier reivindicación de un derecho: largo periodo de reclamación, prolongadas negociaciones, dilaciones no justificadas y, por último, en la mayoría de los casos, cumplimiento limitado de lo prometido. Siempre, eso sí, a la espera de un pago por los servicios prestados. La devolución de los denominados Papeles de Salamanca ha seguido fielmente ese guión. Ayer, por fin, el Ejecutivo español daba un paso y comunicaba al PNV que le devolverán los documentos pertenecientes al Fondo Político-Social Bilbao, documentación reclamada por el partido como propia. La lectura de un titular que diga que el Gobierno español devuelve al PNV los documentos que le fueron incautados en la Guerra Civil, puede dar a entender que la reivindicación sobre los Papeles de Salamanca ha quedado satisfecha. Nada más lejos de la realidad. La restitución anunciada se limita a los documentos que eran propiedad del PNV, pero siguen pendientes de devolver todos aquellos que las tropas franquistas requisaron a las instituciones vascas durante la Guerra Civil. Esos documentos se encuentran archivados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de la ciudad castellana y los catalanes saben muy bien los esfuerzos que tuvieron que realizar para abrir el cerrojo de ese centro. La promulgación de la Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los Documentos Incautados con Motivo de la Guerra Civil (la textualidad del título de la ley no tiene desperdicio) sirvió para restituir a los catalanes todos los archivos relativos a su nación que la Administración central retenía en Salamanca. Esta ley abre la puerta a las peticiones de otras naciones, comunidades autónomas o particulares, y a ella se acogió el PNV para reclamar sus documentos. No ha tenido la misma suerte Izquierda Republicana, cuya petición ha sido denegada aduciendo que no ha acreditado la propiedad sobre los documentos. Y tampoco ha habido suerte para la petición histórica del PNV de que se devuelva la documentación incautada a las instituciones vascas durante la guerra. Eso, como tantas otras cosas que se negocian con Madrid, deberá esperar a un mejor momento. Resulta llamativo, aunque a nadie sorprende, que el actual Gobierno vasco no reclame una documentación que es de su propiedad, en tanto primera institución del país. Resulta llamativo que prefiera que esos documentos, sustraídos por los franquistas para contribuir a su cruzada de limpieza ideológica, permanezcan en el Centro de la Memoria Histórica. Si el PSE conservara parte de esa memoria, se sumaría a la reclamación. Pero su memoria, al parecer, está también fraccionada.