Desde el día 5 de julio ha entrado en vigor la ley del aborto, que permite a las mujeres abortar hasta la semana catorce de gestación sin tener que dar explicaciones de ningún tipo. Todo lo que sea fomentar derechos y libertades en el ser humano me parece estupendo, lo apoyo. Lo que me resulta curioso en todo este tema, y quizá esté mirando más por mí que por todas las mujeres que hayan decidido o vayan a decidir hacer uso de la nueva ley, es que mientras que a ellas la Seguridad Social les cubre su planificación familiar, a mí me toca pagar cada mes casi 15 euros por la píldora anticonceptiva recetada por mi ginecóloga para no tener descendencia.
Tengo superclaro que el hecho de la ley esté aprobada no implica que todas las mujeres vayan a hacer uso de ella, pero me preocupa el abuso que se haga. Si hay quien toma la píldora del día después como si fueran caramelos, ¿por qué no va a abortar un par de veces al año? Total, si es gratis...
Yo también quiero que la Seguridad Social me financie mis anticonceptivos, porque si estos fueran gratuitos quizá no tendríamos que plantearnos la posibilidad de que esa hija de 16 años que tenemos, a la que hay que firmar un justificante para que vaya de excursión con su clase, aborte por su cuenta (y riesgo), diciéndoles a los psicólogos que en casa la maltratan.
