Reformular el cierre de ambulatorios

OSAKIDETZA puso ayer en marcha, con una oposición generalizada por parte de diversos colectivos, el denominado Plan de Reorganización de Atención Sanitaria, que en su aplicación práctica supone el cierre de la mitad de los ambulatorios de Euskadi durante los fines de semana y festivos. Médicos, usuarios, partidos políticos, sindicatos, personal sanitario y ayuntamientos han criticado o se han opuesto radicalmente a esta medida, que supone de facto el cierre de 48 centros de atención primaria los sábados mientras que se refuerza el número de Puntos de Atención Continuada (PAC) para, al menos en teoría, paliar los efectos de esta polémica decisión. Los responsables del Servicio Vasco de Salud, con el consejero Rafael Bengoa al frente, han insistido en la necesidad de una reorganización del servicio que se presta los fines de semana, ya que, en su opinión, el sistema utilizado hasta ahora era "insostenible". Nadie pone en duda que un sistema tan complejo como el sanitario y que presta atención a miles de usuarios en todo Euskadi en una materia tan delicada como la salud precisa de una organización eficaz y sostenible en todos sus aspectos -evidentemente, también en el económico- y que al mismo tiempo mantenga un servicio de calidad a la ciudadanía. Otra cosa es cómo se aborde, se evalúe y se ponga en práctica esa reorganización. En primer lugar, ha sorprendido sobremanera el espectacular giro realizado por el PSE, que ha pasado de oponerse de forma contundente a la reorganización planteada por el anterior Gobierno vasco a ponerse al frente, con similar contundencia, de la necesidad de la reforma. Tal es así que los socialistas se han opuesto incluso en el Parlamento Vasco a una moción, aprobada con los votos de todos los demás grupos parlamentarios, en la que la Cámara insta al Gobierno a "reconsiderar y reformular" el Plan puesto ayer en marcha. Lo que más inquietud ha causado entre los usuarios -tanto como la ausencia de diálogo, información, transparencia e iniciativas de participación y consenso con las que, una vez más, ha actuado el Ejecutivo de Patxi López- es la gran duda sobre si la reorganización de la atención primaria va a suponer un recorte de los servicios que la Administración vasca ha venido prestando con eficacia a la ciudadanía durante 30 años o que pueda quedar seriamente mermada la calidad asistencial. Al ser, necesariamente, una reorganización territorial -comarcal-, las consecuencias del cierre de centros son muy diferentes según la zona en la que se resida. No se han tenido en cuenta características como sistema público de transporte, problemas de movilidad, etc. que ya durante el primer día de aplicación han causado malestar entre los usuarios, muchos de los cuales deben desplazarse fuera de su municipio. Aunque tarde, Sanidad debería escuchar las voces que le piden que dialogue, reconsidere y reformule su plan.