MÁS de un mes después de la explosión ocurrida en la plataforma de extracción petrolífera Deepwater Horizon, propiedad de la empresa Transocean y de la que la British Petroleum (BP) es concesionaria, el Golfo de México sigue sufriendo una incesante amenaza en forma de marea negra que ya está considerada por muchos expertos como la mayor catástrofe ecológica en la historia de los Estados Unidos. Lo que equivale a decir que nos encontramos ante un desastre medioambiental global de proporciones incalculables, tanto desde el punto de vista ecológico como económico y que afectará sin duda a la vida de millones de personas, además de incidir de forma aún desconocida en la fauna y flora de cientos de especies. La empresa BP ha gestionado la situación de forma alarmantemente negligente. En primer lugar, resulta evidente que no existían los controles de seguridad necesarios que pudieran evitar una catástrofe de estas características, y que ya desde su inicio se cobró la vida de once trabajadores. En los primeros momentos, además, se ofreció información escasa y nada fiable, de forma que la empresa cifró en poco más de mil barriles (unos 160.000 litros) el petróleo vertido al mar. Ahora, sin embargo, se habla ya de 70.000 barriles de crudo los que día tras día están contaminando las aguas del Golfo de México, lo que equivale a más de once millones de litros. Además, en estas casi cinco semanas, BP ha improvisado de forma claramente ineficaz diversas medidas para atajar el problema, todas ellas sin éxito. En los próximos días tiene previsto frenar el escape mediante la inyección de lodo, lo que da idea del grado de desesperación en que se encuentra. Todo hace indicar que el accidente, y con ello el posterior derrame de petróleo, podía haberse evitado con la toma de sencillas medidas de seguridad, ya que la tecnología necesaria que garantiza al menos cierta prevención es obligatoria ya en algunos países y algunas fuentes afirman que su coste no supera el medio millón de dólares (386.000 euros). Tal y como denuncia en la entrevista que hoy publica DEIA el prestigioso abogado medioambientalista norteamericano Robert Kennedy Jr. -hijo del que fuera senador Bobby KennedyBobby, asesinado en 1968-, la responsabilidad de la Administración Bush y su política de favores a las petroleras es clave a la hora de analizar el desastre. En lo que posiblemente se equivoca Kennedy es en negar que esta catástrofe pueda ser el Katrina de Barack Obama, atrapado también en la impotencia para detener el derrame y acosado por las críticas a su gestión. Lo que es evidente es que la responsabilidad de BP debe ser exigida y asumida con todas sus consecuencias, y debe servir de ejemplo para evitar en lo posible futuros desastres globales como el que amenaza al Golfo de México y a todo el planeta. Y eso difícilmente se consigue con los 75 millones de dólares de indemnización que BP ha aceptado pagar.