La enmienda de la enmienda

EL aplazamiento al 6 de abril del debate parlamentario sobre la reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas que incluye la enmienda impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero para eliminar los blindajes que limitan el voto en los consejos de administración de las empresas, la ya conocida como Enmienda Florentino por su incidencia expresa en el intento de la constructora ACS de acceder al consejo de Iberdrola, supone en primer lugar un respaldo moral y en cierto modo un aporte desde el legislativo al empeño de la eléctrica vasca que preside Ignacio Galán por frenar en la Junta de Accionistas de mañana la pretensión de Florentino Pérez. Pero, además, ese retraso inmediato proporciona un tiempo imprescindible para definir, y quizás lograr alterar, algunas posiciones respecto a una reforma legal que lleva el sello personal del presidente del Gobierno español, cuya motivación parece descansar únicamente en la complicada situación financiera de ACS, con nueve mil millones de deuda (de los que 4.470 vencen en los próximos meses y corresponden a créditos asumidos para hacerse con el 12% de Iberdrola) para un valor en Bolsa de once mil millones y que perjudica de forma notoria los intereses de los pequeños accionistas, condiciona el futuro de empresas tractoras de la economía de Euskadi y favorece específicamente a las grandes constructoras que acumularon beneficios durante el periodo de expansión inmobiliaria y económica. En ese sentido, la labor del PNV en el Congreso, personalizada en esta ocasión en Pedro Azpiazu y Josu Erkoreka, al constatar las dudas de PP y CiU y su posible inclinación al aplazamiento del debate y apelar al artículo 68.2 del reglamento del Congreso -"El orden del día de una Comisión puede ser alterado (...) a petición de dos Grupos o de una quinta parte de los diputados"-, enmienda siquiera momentáneamente el incomprensible silencio público y la inacción del Gobierno que preside Patxi López en una materia que afecta directamente al entramado económico vasco, silencio e inacción que desvelan el orden de prioridades del Ejecutivo y de los diputados del PSE entre las directrices emanadas desde Moncloa y el riesgo de contradecir los intereses de la sociedad vasca. Sin embargo y en cualquier caso, el logro del aplazamiento de esas dos semanas en la discusión de la Enmienda Florentino no evita la exigencia de una explicación por parte de Rodríguez Zapatero, quien ha primado intereses concretos a los generales y aún mantiene su pretensión de condicionar el derecho y la libertad de las sociedades anónimas a su administración privada con la única excusa de la adecuación a Europa cuando todos los países de la UE, con la salvedad de Alemania e Italia, permiten mecanismos protectores similares a sus sociedades anónimas.