LA enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, pero impulsada directamente por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a la disposición final quinta del Proyecto de Ley de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, que en la práctica y de aprobarse supondría eliminar las limitaciones al derecho de voto en las empresas, no se ha centrado caprichosamente en su presumible primer efecto, el de franquear la entrada de la constructora ACS en el consejo de administración de Iberdrola. En realidad, el origen de la misma enmienda radica presuntamente en el efecto, que permitiría a la empresa presidida por Florentino Pérez buscar rentabilidad ante el vencimiento en los próximos meses de los créditos de 4.470 millones de euros que asumió para hacerse con el 12% de la eléctrica y que suponen casi el 50% de la deuda acumulada de ACS, es decir, 9.000 millones de euros cuando el valor en Bolsa de la propia empresa de Florentino se sitúa en torno a los 11.000. Es decir, la inesperada enmienda, introducida de forma casi subrepticia por Zapatero en el debate, tendría como objeto dar aire a ACS aun a costa de cercenar la libertad y el derecho de otras empresas a adoptar los acuerdos que consideren oportunos para su propia sociedad y aun a riesgo de que pese a todo el conflicto acabe en los tribunales, con lo que ello supondría de inestabilidad para las firmas implicadas. Ese solo supuesto, al que el discurrir de los acontecimientos y los forzados incumplimientos socialistas respecto a acuerdos parlamentarios adoptados apenas horas antes dan visos de realidad, bastaría para colocar grandes interrogantes sobre la independencia política del Gobierno Zapatero respecto a determinados grupos de presión y avalan las serias advertencias que respecto al proceder gubernamental llegan de agentes tan diversos como Cebek o el sindicato CC.OO. Pero, además, la eliminación del blindaje en empresas como Iberdrola o Repsol, tal y como apunta la propia patronal vizcaina, no sólo sería contrario al interés de los pequeños accionistas, sino que podría tener "efectos no deseados" en empresas de primer nivel que ejercen una labor tractora y, por consiguiente, en todo nuestro entramado económico. Y es ahí, en la defensa de los intereses de Euskadi, donde se vuelve a echar en falta una actitud decidida por parte del gabinete que preside Patxi López, quien mantiene un extraño -y grave por dejación- mutismo al respecto mientras realiza un ¿oportuno? viaje a Brasil junto a su consejero de Industria, Bernabé Unda, al tiempo que Zapatero impulsa conveniencias particulares, o en todo caso ajenas al provecho general, que pueden derivar en consecuencias negativas para el futuro de algunas de las principales empresas vascas.
