DAVID Lloyd George, político británico de inicios del siglo XX que ideó el primer sistema de seguros sociales de enfermedad, invalidez y desempleo en el ocaso de la Inglaterra victoriana y considerado el padre de lo que se ha denominado después el Estado del bienestar, afirmaba que no se pueden alimentar hambrientos con estadística. Sin embargo, Lloyd también echó mano de ella para razonar las necesidades de la sociedad y aun hoy, cien años después, la primera de las ciencias inexactas, que decía Goncourt, sigue siendo la más exacta y fiable a la hora de conocer la opinión de la ciudadanía. Y ésta es más que nítida en lo que se refiere a la actuación en el ámbito económico del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero: tres de cada cuatro personas del Estado español está en desacuerdo con el modo en que el Ejecutivo socialista está afrontando la crisis. Curiosamente, ese nivel de desconfianza es muy similar al 71% que arrojó en diciembre el Euskobarómetro respecto a la acción de gobierno de otro gabinete socialista, el presidido por Patxi López, que pese a contar con un punto de partida sensiblemente más cómodo apenas se ha limitado a seguir en materia económica las directrices emanadas desde Madrid y ha centrado su actuación en reforzar los símbolos identitarios del Estado en Euskadi. En otras palabras, la acción socialista de gobierno frente a la crisis, es decir, frente al principal problema que afecta en estos momentos a la sociedad; está siendo insuficiente, inapropiada o inexistente tal y como refleja otro dato estadístico harto preocupante pero nada sorprendente tras las políticas de vivienda y de permisividad hacia las grandes entidades bancarias desarrolladas en el Estado español durante las dos últimas décadas: una de cada cuatro familias ha tenido dificultades para afrontar los pagos de su hipoteca. Sin embargo, el estudio sociológico que hizo público ayer la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) apunta incluso más allá de las graves consecuencias directas de la acción o inacción de gobierno en el nivel de aquel bienestar ciudadano que comenzó a diseñar Lloyd George y empieza a desvelar que esas consecuencias se traducen asimismo en un todavía incipiente pero serio cuestionamiento global de la política. Que más de seis de cada diez ciudadanos tampoco confíen en que el principal partido de la oposición en el Estado español, el PP, pueda manejar mejor la situación de crisis refleja claramente el nivel de desafección respecto a la labor política, siquiera en el campo económico, y abre una peligrosa brecha en la necesaria interacción entre la sociedad y quienes han recibido el mandato de representarla. Una brecha cuya eclosión no puede ser obviada o minusvalorada y que también entra entre las responsabilidades de las que no pueden hacer dejación los gobiernos.
