EL Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que prevé un procedimiento para el cierre de páginas web que faciliten descargas no autorizadas de material protegido por los derechos de propiedad intelectual. La polémica iniciativa se mueve entre la quimera de ponerle puertas al campo de internet y el no menos imposible equilibrio entre la libertad que reivindican los internautas y el control que exigen los autores. El tiempo, seguramente, dará la razón a quienes sostienen que no es posible detener el fenómeno del tráfico de música, películas, videojuegos, etc. a través de la red de redes, y para ello basta remitirse al refranero de la experiencia que proclama aquello de "hecha la ley, hecha la trampa". La ley verá la luz dentro de unos meses, pero para entonces ya habrá en marcha alguna trampa que permita sortear su corsé. El anteproyecto, de entrada, ya nace condicionado por una primera movilización social a través de internet. El primer borrador presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, recibió una contundente respuesta por parte de los internautas, lo que obligó a incluir el filtro judicial para el cierre de las denominadas páginas web piratas. El anteproyecto prevé, ahora, que sea un juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el que decida si cierra una página web, y no la Comisión de Propiedad Intelectual, como se pretendía con anterioridad. Se trata del primer triunfo de un movimiento de oposición política desarrollado única y exclusivamente a través de las redes sociales de internet. El efecto de la protesta fue, además, prácticamente inmediato, cuando los tradicionales métodos de movilización en la calle han requerido de una mayor complejidad organizativa. No es aventurado suponer, por ello, que en este asunto aún no está todo dicho y que el texto que ahora ha visto la luz deberá pasar por el tamiz de los órganos consultivos del Estado y por el de las Cortes españolas, sí, pero también por el que marquen los usuarios en internet. Los impulsores y, en principio, beneficiarios de esta medida, los autores, ya han mostrado su satisfacción (aunque alguno, como el cantante Víctor Manuel, ¡cómo nos cambia el tiempo!, ha dicho que "por ahora sólo creo en la Guardia Civil"), pero de la misma forma, los internautas se han mostrado dispuestos a presentar batalla. Como en casi todos los conflictos, ninguno de los dos bandos enfrentados en este complicado affaire debe arrogarse la razón absoluta, pero la apuesta por la vía del cierre exprés de servicios utilizados por millones de honrados ciudadanos no parece una medida muy popular. La revolución de la comunicación digital no puede regularse con medios y sistemas caducos. La propiedad intelectual debe encontrar su lugar en la aldea global.