Medidas extremas contra los "presos del clima"

L A detención y posterior liberación del donostiarra Juantxo López Uralde y otros tres activistas de Greenpeace tras 20 días de cárcel por haberse colado en la cena oficial que ofrecía la reina de Dinamarca a los mandatarios que participaban en la Cumbre del Clima de Copenhague ha reabierto el debate sobre la eficacia y consecuencias del activismo social, en este caso, en el ámbito de la defensa del medio ambiente. Gran parte del reconocimiento internacional de Greenpeace se debe a la espectacularidad de sus acciones -siempre pacíficas y bajo los métodos de la tantas veces reivindicada no-violencia- en busca de un efecto mediático con el que llamar la atención de la opinión pública, ajenos en muchas ocasiones a las repercusiones legales que podría acarrearles. López de Uralde hablaba ayer de un "castigo desproporcionado" por parte de la justicia danesa ya que a lo largo de las tres semanas que ha durado la detención no han sabido los cargos de los que se les acusaba. Según reconocieron los presos del clima -como se califican a sí mismos los protagonistas de la protesta medioambiental- eran conscientes de las consecuencias de la acción que iban a emprender pero nunca esperaron que fueran de tal magnitud. No contaron, pues, los activistas de Greenpeace con la dureza de las autoridades danesas en la aplicación de sus leyes lejos, parece ser, de la imagen amable y tolerante que se tiene de los países nórdicos. Tampoco estuvo en los cálculos del grupo que asaltó pacíficamente el palacio real que, con aquella acción, iban a dejar en ridículo a los servicios de seguridad del Gobierno danés y a los de la propia Casa Blanca que deberían haber tenido todo bajo control ante la presencia de su secretaria de Estado en la cena. De la imagen pública ofrecida en aquel incidente derivó una más que previsible decisión judicial de dar escarmiento a quienes habían puesto en evidencia semejante fallo de seguridad. Sólo desde una óptica extrajudicial se podría entender el aislamiento y la desprotección jurídica a la que han sido sometidos los cuatro activistas a lo largo de los 20 días de detención. Cabe razonablemente preguntarse que si esta extrema dureza se ha llevado a cabo contra miembros cualificados de una organización internacionalmente reconocida como Greenpeace qué ocurrirá con los centenares de detenidos en las protestas que tienen lugar en las calles de la ciudad donde se celebra cada cumbre. Es cierto que muchas de estas movilizaciones son violentas, pero eso no exime del cumplimiento de los derechos básicos. Una desprotección que a buen seguro sufren diariamente miles de detenidos en la desarrollada Europa, defensores de causas más olvidadas y menos mediáticas de las que enarbola Greenpeace. Al menos López Uralde y su grupo han tenido a cientos de medios pendientes de su situación.