lAS calles de Bilbao fueron ayer escenario de una de las manifestaciones más multitudinarias y plurales que ha vivido Euskadi en los últimos tiempos. Junto con la celebrada hace dos meses en Donostia en protesta por el encarcelamiento de Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga, también masiva, puede decirse que se trata de una movilización que marca un hito importante sobre todo en estos tiempos en los que tan difícil resulta activar a la ciudadanía tras una pancarta, por muy justa que parezca la reivindicación. Por ello cobra especial importancia el hecho de que decenas de miles de personas tomen la calle cívica y pacíficamente en una gélida tarde de diciembre en solidaridad con los procesados en el mal llamado caso Egunkaria. Mal llamado porque, a la vista del conocimiento real de cómo se han desarrollado los acontecimientos, debería denominarse caso Guardia Civil contra Egunkaria y, por extensión, contra el euskera y la cultura vasca. Un proceso en el que cinco personas, reconocidas en el ámbito del mundo cultural y mediático vasco y por su lucha en favor del euskera, se hallan imputados por graves delitos como el de pertenencia a banda armada en grado de dirección, lo que les podría acarrear una pena de 15 años de cárcel. Si algo está quedando claro después de estos siete años de cierre del único periódico que se editaba íntegramente en euskera y tras el inicio de la vista oral en la Audiencia Nacional es que, en Euskadi, salvo unos pocos incondicionales de la cruzada "Todo-es-ETA", nadie se cree la versión de la Guardia Civil de que Egunkaria era un medio al servicio de ETA y quienes se sientan en el banquillo son unos peligrosos etarras que utilizaban el periódico como una actividad terrorista más. Incluso se escuchan voces más o menos audibles en el PP y en el PSE en el mismo sentido. Las calles de Bilbao ayer, al igual que las de Donostia hace siete años cuando se cerró el diario, son una muestra de que la mayoría social vasca -respaldada por partidos políticos, y no sólo nacionalistas, sindicatos y asociaciones y colectivos de diversas tendencias- tiene absolutamente claro que el cierre de Egunkaria y la imputación a sus rectores es fruto de una operación político-mediático-judicial de la que no fue ajeno en su inicio el nacimiento del Pacto Antiterrorista PP-PSOE, sin más sostenimiento que el impulso político que la anima a través de los tristes instrumentos habituales (Dignidad y Justicia y AVT). Son tantas y de tal calibre las pruebas -éstas sí, pruebas- de que estamos ante una chapuza revestida de proceso judicial de la que hasta la Fiscalía del Estado ha tenido que salir huyendo, que difícilmente se entendería una decisión que no sea la absolución de los imputados y su reparación pública. El daño al periódico es ya irreversible, pero la credibilidad en el sistema judicial depende de su respeto a la libertad de expresión cercenada.