LA confirmación de que, a menos de quince días de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, el traspaso de la competencia de las políticas activas de empleo sigue sin concretarse y, sobre todo, la certeza de que en la práctica es inviable su materialización antes del próximo 1 de enero, fecha anunciada por Patxi López tras su reunión del 21 de mayo con Manuel Chaves, ministro de Política Territorial del Gobierno español, confirmada tras la mantenida con José Luis Rodríguez Zapatero el 1 de julio y reiterada en la correspondiente comisión parlamentaria por la consejera de empleo, Gemma Zabaleta, la pasada semana; pone en cuestión precisamente la acción que el propio Ejecutivo vasco había promocionado como la principal de sus primeros meses de gobierno y como muestra del supuesto beneficio que, en la relación con Madrid, proporcionaba el acuerdo con el PP y la llegada de los socialistas a Lakua. Tratar de justificar ahora el incumplimiento en la gran dificultad técnica que entraña la transferencia, cuando esa complejidad es conocida desde antes del anuncio del publicitado acuerdo con Manuel Chaves, o apelar al periodo de tres décadas sin que se efectuara el traspaso estipulado por el Estatuto, con la intención de minimizar la inobservancia del plazo fijado; únicamente confirma que el Ejecutivo López ha adolecido también en este caso del necesario análisis previo y que su actuación pública está mediatizada por las urgencias a la hora de ofrecer una imagen que, una y otra vez, no es correspondida finalmente por la realidad. Y es que, aún en el improbable caso de que la Comisión Mixta logre sellar, siquiera de cara a la opinión pública, la transferencia en su próxima cita, lo que tendrían sobre la mesa Patxi López y Gemma Zabaleta el primer día de 2010 sería una competencia inactiva por la incapacidad para que el servicio vasco de empleo Lanbide asuma las funciones que afectan a 125.000 personas en paro y que el Inem, como ha comunicado internamente, seguirá desempeñando más allá de esa fecha. En cualquier caso y siendo importante el incumplimiento del plazo que el Gobierno López se fijó a sí mismo ante la opinión pública, lo imprescindible es que la gestión integral de la formación profesional, la formación continua de los trabajadores y la formación ocupacional de los desempleados sean transferidas en su totalidad (art.12.2 del Estatuto) y con su auténtica valoración económica, incluyendo las bonificaciones derivadas del 6,4% del Cupo que elevarían la dotación a 475 millones de euros y que, de momento, no se han exigido. Lo contrario sería recortar aún más un nivel competencial ya mutilado con la resistencia del Estado a transferir y del Gobierno López a exigir las políticas pasivas de empleo y la gestión de la Seguridad Social, tal y como estipula el art. 18.2.b del Estatuto de Gernika.