La amplitud de la responsabilidad

NO tengo suficientes barcos para dedicar a los atuneros". La frase es de Makf Peter Hudson, comandante de la operación Atalanta frente a las costas somalíes, y desvela la inseguridad en que se dejó a los arrantzales a la hora de diseñar el operativo en el Índico. Ésa fue la primera deficiencia en la gestión por parte del Gobierno español de un problema que ahora, tras la resolución del secuestro del Alakrana, ha dejado en evidencia la escasa coordinación y la nefasta administración de la crisis por parte del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero y del Ejecutivo de Patxi López, tal y como se explicitó ayer en la denuncia pública de los alcaldes de los municipios de los arrantzales afectados y las interpelaciones e iniciativas parlamentarias expuestas en el Congreso. Unos y otras traducen al ámbito de la exigencia de responsabilidades las denuncias que DEIA ha venido realizando por actuaciones que conciernen hasta a cinco ministros del Gobierno español: Miguel Ángel Moratinos (Exteriores), Francisco Caamaño (Justicia), Carme Chacón (Defensa), Alfredo Pérez Rubalcaba (Interior y responsable del CNI) y María Teresa Fernández de la Vega, como vicepresidenta primera y coordinadora de la mesa de crisis. Y es precisamente esa enorme extensión ministerial de las responsabilidades en el caso, que alcanza a casi un tercio del Ejecutivo aunque se haya centrado hasta el momento y sobre todo en Defensa, Justicia y Vicepresidencia, la que confirma que la gestión de la crisis del Alakrana no queda marcada por dos errores puntuales gravísimos en cualquier caso sino, lo que es peor, por una orientación general, organizada y compartida por todo el Consejo de Ministros de Zapatero y por la presidencia del Gobierno vasco. Al mismo tiempo, fortalece algo más que la sospecha de que esa orientación general tiene su origen no en procurar la mejor solución sino en el interés político y el fallido intento de recuperar la imagen y la credibilidad perdidas por los gobiernos del Estado y de la CAV debido a su empecinamiento en negar la protección militar a los atuneros en el Índico pese a las reiteradas peticiones de los arrantzales. En ese contexto, situar, como hizo ayer el ministro de Justicia, la responsabilidad de lo que pudo pasar y de la angustia generada en "el Estado de Derecho" y "el cumplimiento de la ley", atribuyendo las decisiones a entes etéreos que no deben responder ante nadie, supone una falta de respeto a la labor de control del Parlamento y a la opinión pública. Pero, además, es otra muestra de la manifiesta incapacidad y falta de coordinación gubernamentales que ya se habían puesto de manifiesto tanto en Madrid como en Lakua y justifica aún más la reprobación de los ministros anunciada ayer en el Congreso -con visos de salir adelante- y en su caso las anunciadas exigencias de dimisión, todas ellas extensibles a la actuación del Gobierno vasco.