Justicia no reparadora

la decisión del jurado popular, compuesto por seis mujeres y tres hombres, de condenar sólo por homicidio y no por asesinato a José Diego Yllanes por la muerte de Nagore Laffage ha sorprendido e incluso indignado a buena parte de la sociedad vasca y sobre todo ha caído como un jarro de agua fría en el entorno de la familia irundarra que reiteradamente había solicitado justicia para paliar el -irreparable- daño que supone la pérdida de una hija y una hermana en estas circunstancias. La madre de Nagore, Asun Casasola, que ha sostenido la tensión de las movilizaciones y el desgaste mediático que ello representa, se ha mostrado comprensiblemente decepcionada por la decisión y ha cuestionado el sistema de preguntas que condicionó la decisión, e incluso la capacidad de un jurado popular para deliberar y decidir sobre casos de semejante complejidad, una objeción que viene ganando puntos en el entramado judicial desde hace tiempo. De hecho, el jurado tuvo que optar, entre las opciones planteadas, por dar solución a un dato clave para que se pudiera resolver este caso: si el estrangulamiento del que fue objeto Nagore se trataba de asesinato ("matar a alguien con premeditación y alevosía") o de un homicidio ("delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento"). Una decisión compleja donde las haya, en la que el modelo punitivo garantista que se aplica en nuestro entorno habrá tenido su influencia a la hora de decantarse por la segunda opción. Lo que ya es más cuestionable es la decisión del jurado de tomar en consideración todas las atenuantes planteadas por la defensa de Yllanes y que han terminado siendo decisivas: su embriaguez -un dato negado en el juicio por varios testimonios y que debería convertirse en agravante en las agresiones a mujeres, según ha pedido el Congreso a Zapatero esta misma semana-; el arrebato -lo que dejaría abierta la puerta para avalar algunos comportamientos violentos en aras a que se debieron a un pronto-; y la reparación del daño con la asignación de 126.000 euros para la familia Laffage, con lo que la opinión pública reafirmaría su percepción de que los medios económicos son el factor clave que explica las posibilidades de defensa y amparo que tienen las personas ante la justicia. Al margen de interpretaciones jurídicas, sólo queda la constatación de que el drama de la familia Laffage, lejos de terminar, no ha hecho más que empezar, ya que tras los anuncios de recurso, este caso seguirá siendo noticia durante mucho tiempo. En cualquier caso, no está dicha la última palabra y no sería la primera vez que los jueces revocan la decisión de un jurado, institución que costó mucho introducir en la justicia del Estado y que, por desgracia, sigue en permanente debate.