PESE a que la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, asumiera ayer "toda la responsabilidad" en las dos decisiones que los días 3 y 4 de octubre llevaron a la detención y traslado al Estado español de los dos piratas somalíes que habrían tomado parte en el asalto del Alakrana, nadie puede obviar ya, aunque lo pretenda, la relevancia de la participación del Gobierno vasco, y directamente de Patxi López, en la consideración de ambas medidas y, sobre todo, en la resolución final de hacerlas efectivas. Pero, además, el conocimiento del desarrollo de los hechos, incluso de pormenores de las conversaciones mantenidas entre De la Vega y López durante esos días, impide también calificarlo de error, ni siquiera de gravísimo error, en lo que sería un burdo intento de ocultar que en la génesis de dichas decisiones, con un peso definitivo en una actitud que ponía y aún pone en riesgo la liberación de los 36 tripulantes del atunero bermeano, no estuvo el deseo de una correcta administración de las negociaciones sino paliar la afección del secuestro en la imagen del Ejecutivo español y del Gobierno López tras, no conviene olvidarlo, una respectivamente pésima e inexistente gestión anterior que llevó a desoír durante meses las exigencias de protección de los armadores y arrantzales que faenan en el océano Índico. Esto es, que en la detención y traslado al Estado español de "Abdu Willy" y su compañero Raageggesey Adji Haman primó la bandera de la conveniencia política y electoral frente al deber de protección y salvaguarda de ciudadanos pertenecientes a la sociedad que ambos Ejecutivos tendrían que gobernar. Así lo confirma también el hecho de que hicieran caso omiso de las recomendaciones primero de los servicios de inteligencia y después del abogado del Estado y especialmente del fiscal general, a quienes se presionó para que finalmente actuaran contra su criterio; así como la aprobación ayer mismo urgentemente por el Consejo de Ministros de la tipificación del delito de piratería; o la constatación de que en este caso se haya actuado de modo muy diferente a como se hizo tras el secuestro entre el 20 y el 26 de abril de 2008 del Playa de Bakio y que esto haya llevado a que el desenlace se prolongue en esta ocasión mucho más que aquellos seis días. Tras todo ello, únicamente se puede concluir que quien desde ambos gobiernos optó por tratar de limpiar su imagen a costa de la seguridad de sus gobernados, pero especialmente quien más cerca está de los afectados, de las víctimas, quien pidió "un castigo ejemplarizante" que reforzara su débil posición política; no es capaz ni digno de liderar a la sociedad a la que en teoría representa aunque, de momento, la exigencia de esa responsabilidad deba esperar en aras de una definitiva, pronta y feliz conclusión del secuestro.