CUARENTA y tres días después de que el pasado 2 de octubre los piratas somalíes asaltaran el Alakrana y secuestraran a sus 36 tripulantes, las vías para resolver la situación de tensión y angustia que afecta a sus familiares y por extensión a toda la sociedad parecen haber entrado en un inextricable embrollo jurídico de origen conocido y solución, de momento, incierta. El origen de esa maraña legal de la que depende la integridad de la tripulación del atunero se encuentra en la detención de dos de los asaltantes, ordenada el mismo día 3 de octubre por el Ministerio de Defensa que dirige Carme Chacón, pese a un informe de la inteligencia militar que lo desaconsejaba sólo horas antes de iniciar el operativo, y en su traslado al Estado español, tras denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por la Abogacía del Estado a raíz también de una decisión del Ejecutivo que trasladó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Esto último, pese a la constancia, hecha llegar directamente al Gobierno el día 4 de octubre por fuentes jurídicas, de los riesgos legales que encerraba tanto respecto al cumplimiento de la jurisdicción internacional como para la propia resolución del secuestro. Saben, por tanto, José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López que no fueron las recomendaciones de los servicios de inteligencia ni las de la judicatura, sino motivaciones políticas en las que pesaba sobremanera el interés por ofrecer una imagen de fuerza y seguridad, las que llevaron al Gobierno socialista a tomar dos decisiones consecutivas que se han confirmado como equivocadas y contraproducentes. Sin embargo, una vez constatado todo ello, la labor informativa debe enmarcarse, también de momento, en los límites que marca la responsabilidad para no interferir en una resolución feliz lo más rápida posible y no alterar los ánimos de familiares y allegados una vez que ellos mismos han optado por mantener un escrupuloso silencio. Entrar ahora en un constante debate respecto a las vías legales que puedan permitir deshacer el entuerto provocado por las decisiones de los días inmediatamente posteriores al secuestro -y que apuntan a un compromiso con el Gobierno de Somalia para que éste sea garante del cumplimiento de la resolución judicial respecto a los dos piratas detenidos en el Estado español- podría dificultar o retrasar también la consecución del objetivo de la liberación de los tripulantes secuestrados y añadir nuevas dosis de ansiedad a sus familias. No es la hora, por tanto, de que la información se nutra de la especulación, fácilmente asumible en un caso con tantas aristas y vertientes; sino de aplicar la sensatez que ha brillado por su ausencia en otros ámbitos y que se precisa en quien debe cumplir con la labor de informar para exigir posteriormente las responsabilidades constatadas y pertinentes.