LA detención de nueve personas, entre ellas el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz; el ex secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, Lluís Prenafeta; y el ex conseller Marcià Alavedra y su imputación por tráfico de influencias, blanqueo y cohecho a raíz de una pieza separada del sumario BBVA-Privanza que tramita el juez Baltasar Garzón, constituye un aldabonazo más que añadir a la ya larga lista de presuntos o probados casos de corrupción en el entorno de las instituciones públicas y los partidos políticos. El mismo sumario origen de esta última actuación, que se remonta a la investigación por la Fiscalía Anticorrupción de presuntos pagos de comisiones en la Expo de Sevilla (1992) y sus posteriores conexiones con el caso Filesa de financiación ilegal del PSOE (1995) parece confirmar la continuidad de estas prácticas a lo largo de las dos últimas décadas aunque hayan alcanzado ahora, con la investigación de la trama Gürtel o del desvío de fondos del Palau de la Música de Barcelona, de nuevo un importante eco mediático. Y esa continuidad, aun cuando sea preciso discernir entre los diferentes casos y actuaciones y el nivel de implicación en los mismos de las estructuras de instituciones públicas y formaciones políticas, parece abundar en la idea de que el actual sistema de financiación de partidos y la legislación que lo determina no son precisamente idóneos para evitar tanto operaciones enmarcadas en una suerte de alegalidad, o simplemente ilegales, como la proliferación de gestores que tratan de aprovecharse de ellas. Sólo hace unos meses, el pasado mayo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, ya analizaba de modo muy crítico el sistema y la legislación de financiación de partidos en el Estado español y citaba textualmente "la ausencia de una obligación de transparencia precisa y obligatoria, asociada a un sistema de control y sanción mediocre" como el motivo que "ha permitido la comisión de un cierto número de abusos", antes de lanzar al respecto hasta seis recomendaciones claras que el Estado español debe poner en práctica antes del 30 de noviembre de 2010 y que están, precisamente, en el origen del acuerdo anunciado oportunamente ayer por ERC y PSOE para endurecer las penas de los delitos de corrupción. Sin embargo, el Código Penal no se antoja el marco de solución a un problema que es preciso afrontar con una reforma de la legislación mucho más profunda que la que llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y tras 20 años de la Ley de 1987 sobre Financiación de Partidos Políticos, una reforma que incluya una financiación pública transparente y dotada del control necesario pero también suficiente a partir siempre del principio de libertad de los partidos frente al Estado.