lA detención de diez representantes cualificados de la autodenominada izquierda abertzale por orden del juez Baltasar Garzón, acusados de tratar de recomponer la dirección política de la ilegalizada Batasuna, evidencia que el Estado español considera finiquitado el papel que han venido realizando hasta no hace tanto tiempo quienes han sido los principales actores de la estrategia política del entorno radical, también como potenciadores de las vías hacia el final de la violencia o como vehículos imprescindibles para transitar por ellas. ETA, con el atentado en plena tregua contra la T-4 del aeropuerto de Barajas reventó, al menos ante el Gobierno español y el Ministerio de Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, ese rol que venían desempeñando tras la imagen de liderazgo de Arnaldo Otegi y que desde entonces se encuentra en la imposible tesitura de sentirse desautorizado por la propia ETA y sin capacidad de interlocución ante el Ejecutivo español. Ahora bien, esa constatación no impide vislumbrar también que con la última operación policial se agazapa el interés político de impedir movimientos que pudieran devolver a la legalidad a dicha sensibilidad política, con el cambio de correlación de fuerzas que supondría en el ámbito institucional y sus consecuencias para el constatado y pactado intento de debilitar al nacionalismo vasco en busca de una uniformización del Estado. El propio Floren Aoiz reconocía ayer, al analizar las detenciones de quienes han sido sus compañeros de formación política, que la verdadera preocupación del nacionalismo español es, más allá de la violencia de ETA propiamente dicha, el afán de independencia, el sentimiento diferenciador que imbuye a una parte mayoritaria de la sociedad vasca. Precisamente por ello, y comprobado también que la primera encarcelación de la Mesa Nacional de HB se produjo hace ya nada menos que doce años y que las desde entonces sucesivas operaciones policiales contra ese entorno político no han logrado erradicar el apoyo social de ésta y corren por el contrario el riesgo de convertirse en contraproducentes para el objetivo del fin de la violencia, se antoja imprescindible que todas las formaciones políticas, como apunta Juan Ignacio Pérez Iglesias, acuerden los mínimos -o los máximos- frente al terrorismo que refuercen la visión de un cese unilateral de la violencia por parte de ETA como único catalizador posible de la solución y además neutralicen las patentes tentaciones de utilizar la lucha antiterrorista con fines partidistas. Sobre todo porque es la propia sociedad vasca quien demanda, quien hace tiempo que viene demandando, de todos los partidos, o si se prefiere de todos los actores ante el denominado conflicto, que sea el camino de la unidad -pero también el del respeto a los derechos humanos, sociales y políticos- el que lleve al final de una terrible trayectoria de cinco décadas.