LA admisión a trámite ayer en el Congreso de los Diputados de Madrid de la proposición de ley aprobada por unanimidad del Parlamento Vasco para proteger de manera efectiva las normas tributarias forales, lo que se ha dado en llamar el blindaje del Concierto Económico, no fue sino la representación actual de la perenne incomprensión por parte del Estado, en su más extensa definición e incluso más allá del conjunto de sus órganos de gobierno, hacia los derechos históricos que Euskadi posee y que se encuentran además especificados textualmente en la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika y en la Disposición Adicional Primera de la Constitución española de 1978. Las propias reticencias a la utilización del término blindaje, que explicitó ayer desde la tribuna el socialista José María Benegas, no hacen sino evidenciar las tensiones que provoca en España la especificidad vasca pese a esa legitimidad histórica y legal incluso en aquellos que, como ayer los socialistas, se ven abocados a apoyarla en virtud de determinadas necesidades y urgencias políticas y de la capacidad de presión en Madrid del nacionalismo vasco. Tensiones que tampoco son ajenas a otro tipo de actuaciones coincidentes en el tiempo y que se han venido reflejando asimismo históricamente en los recursos presentados contra la fiscalidad vasca por los sucesivos gobiernos del Estado hasta la firma, merced a esa presión nacionalista, en enero de 2000 de la llamada Paz Fiscal y dos años después del carácter indefinido del Concierto, en ambos casos con José María Aznar al frente del Ejecutivo español; y por otras administraciones autonómicas. Las ausencias en el pleno en el momento de procederse a la votación para la admisión a trámite son también producto de esas tiranteces que provoca la displicencia intrínseca en el armazón del Estado y en las estructuras de sus principales partidos hacia el hecho diferencial vasco. En cualquier caso, la posibilidad de tramitación aprobada ayer en el Congreso, con la inexplicable y notoria ausencia de Patxi López, supone un paso, aunque forzado, en fase inicial y pendiente de consolidación ulterior, en el camino del imprescindible respeto a la principal herramienta económico-social del autogobierno precisamente en el momento en que prima un nuevo intento de uniformización en el conjunto del Estado, intento que Euskadi ya ha padecido en épocas anteriores y por el que será preciso tener muy presente el nivel de cumplimiento que se ha dado de otros acuerdos en torno a los derechos históricos y la foralidad vasca desde aquella primera ocasión en la que la Ley de 25 de octubre de 1839 que derivó del Abrazo de Bergara convirtió la acordada confirmación de los fueros en la puerta para su posterior limitación supeditándolos de facto a los intereses generales del Estado.