La ONU denuncia el hallazgo de 383 cadáveres en México y reclama una investigación "exhaustiva e independiente"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado este viernes el hallazgo de 383 cadáveres hacinados en un crematorio de Ciudad Juárez, en el norte de México, y ha instado a las autoridades del país a cumplir con su obligación internacional "de proteger y respetar a los muertos", lo que incluye abrir una investigación sobre toda "muerte potencialmente ilícita".

ACNUDH denuncia el hallazgo de 383 cadáveres en un crematorio de Ciudad Juárez

"Ante el hallazgo de 383 cuerpos en crematorio de Ciudad Juárez, nos solidarizamos con las familias. Llamamos a realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares del informe de Relatoría ONU", reza un documento publicado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

En el mencionado informe subraya que las investigaciones de muertes solicitadas por el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales deben llevarse a cabo con "prontitud y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente", tratando siempre el cuerpo de los fallecidos "con dignidad y respeto".

El mismo escrito matiza que "la obligación de proteger a los muertos forma parte de los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a la protección contra la desaparición forzada", entre otros, por lo que insiste en la conveniencia de "elaborar unos principios rectores" que protejan los derechos de los muertos "desde el prisma de los derechos humanos".

En este sentido, no solo se atribuye al Estado la tarea de "velar por que los restos humanos de una persona fallecida sean atendidos y gestionados adecuadamente con el fin de preservar la dignidad de los fallecidos", sino que también se le encarga "garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento".

Desde ACNUHD reconocen, no obstante, las dificultades que existen actualmente a la hora de identificar los cadáveres no reclamados dada "la escasez de peritos forenses y recursos científicos", así como "la financiación insuficiente de los sistemas forenses, las infraestructuras inadecuadas y la falta de directrices claras".   

Desigualdades que persiste en la muerte

Existe asimismo, denuncia el Alto Comisionado en su informe, un "importante solapamiento de leyes, reglamentos y prácticas" en relación a las "muertes no violentas y cotidianas" que "sigue planteando problemas considerables", sobre todo cuando se trata de la defensa de los derechos de grupos minoritarios, personas indígenas, indigentes y cadáveres no reclamados o no identificados.

"Muchas de las desigualdades, discriminaciones e injusticias que se producen en vida persisten en la muerte", ha apostillado el relator a cargo del citado dossier, Morris Tidball Binz, que ha propuesto una serie de recomendaciones prácticas relativas a "la protección de los muertos durante la investigación de las muertes ilícitas".

Entre las sugerencias de Tidball Binz destacan, por ejemplo, "armonizar la protección de los muertos con base en el Derecho Internacional" a fin de que los Estados cuenten con las "medidas nacionales pertinentes" para cumplir con su deber de "proteger a los muertos en la práctica" y velar por la gestión adecuada de los restos humanos.

"La dignidad de la persona y el respeto debido a su cuerpo y a sus restos humanos no se extinguen con la muerte (...). Alterar esos procesos, mediante la protección indebida o el trato irrespetuoso de los muertos, hace daño a las personas y las sociedades y, en el caso de las muertes ilícitas, socava o impide el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por tanto, las obligaciones del Estado de proteger a los fallecidos son primordiales para hacer efectivos los derechos de las familias y para garantizar que todas las muertes potencialmente ilícitas se investiguen a fondo", sentencia el informe.

El deber de proteger eficazmente a los fallecidos, lejos de ser opcional, es una obligación en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo es, cada vez, de manera "más importante", concluye.

Las desapariciones en México han aumentado en un año en torno a un 282 a nivel nacional, alcanzando la cifra de personas reportadas como desaparecidas en el registro federal las 129.000 desapariciones en mayo, según reportes de las fiscalías regionales recogidos por la prensa local.