Protestas masivas, detenciones multitudinarias, críticas de la comunidad internacional, ruptura de relaciones diplomáticas o el exilio del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, son tan solo una pequeña muestra de lo que ha vivido Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron paso a la mayor crisis del último lustro en el país. En plena cuenta atrás para la toma de posesión del nuevo presidente venezolano, este próximo viernes, el actual mandatario, Nicolás Maduro, como González Urrutia aseguran haber ganado.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador a Maduro con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% de González Urrutia, un resultado que, hasta la fecha, no ha sido publicado de forma desglosada por la institución, que alegó entonces un ataque informático a su sistema.
Ante el supuesto ataque, la coalición representada por González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicó en una página web lo que aseguró que eran el 83,5% de las actas de votación, que dijo haber conseguido gracias a testigos y miembros de mesa el día de las elecciones.
Tras el anuncio del CNE, miles de personas salieron a protestar en contra del resultado oficial, lo que se saldó con 2.400 detenidos, así como con 28 fallecidos, de los que el Gobierno y la Fiscalía acusó a la oposición, mientras que la PUD responsabilizó a los cuerpos de seguridad del Estado. Casi cuatro meses después, la Fiscalía comenzó un proceso de “revisión de casos”, solicitado previamente por Maduro, por el que fueron excarceladas 1.369 personas.
Ruptura de relaciones
Al día siguiente de los comicios, República Dominicana, Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú y Uruguay cuestionaron el resultado oficial, por lo que el Gobierno ordenó la retirada de los representantes diplomáticos, con la consiguiente ruptura de relaciones.
La tensión también se hizo sentir con países aliados como Colombia y Brasil, que hasta la fecha no han reconocido el controvertido triunfo de Maduro, cuyo mandato –aseguraron– no respaldarán si no hay pruebas de la proclamada victoria.
El 7 de septiembre, González Urrutia salió de Venezuela, rumbo a España, al considerar que sufría persecución política y judicial, tras ser acusado de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”.
Sin embargo, el candidato opositor dice que volverá al país para tomar posesión y ya ha comenzado una gira regional, con paradas en países como Argentina, Uruguay y Estados Unidos para recabar apoyos, mientras el Gobierno insiste en que será detenido si regresa.
Solo dos días después de las elecciones, el Centro Carter, grupo observador por invitación del CNE, señaló que los comicios no podían ser considerados democráticos por incumplir estándares establecidos.
Asimismo, un panel de expertos de la ONU consideró que las elecciones carecieron de las “medidas básicas de la transparencia e integridad esenciales para celebrar elecciones creíbles”, lo que desató, en ambos casos, críticas por parte del chavismo.
Clandestinidad y detenciones
La líder opositora María Corina Machado, que dirigió los pasos de la PUD, asegura estar en la clandestinidad, lo que ha hecho que Maduro afirme que salió del país rumbo a diferentes destinos, sin presentar pruebas de la supuesta salida.
En una situación similar se encuentran otros miembros de la PUD, mientras que unos 157 dirigentes han sido detenidos –la mayoría tras las elecciones– y solo 40 han sido excarcelados.
Asimismo, el ministro de defensa, Vladimir Padrino, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acompañará a Nicolás Maduro en la toma de posesión.
