Tras casi dos años de suspensión, el Gobierno norirlandés de poder compartido avanza hacia su restauración después de que el Partido Democrático Unionista (DUP) haya aceptado un acuerdo por el que Londres se compromete a atajar los problemas que ha creado el Brexit en la región.
Aunque se desconocen aún todos los detalles de este pacto, el ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, aseguró este martes que incluye "cambios significativos" sobre el estatus posbrexit de la provincia, donde por primera vez podría gobernar el nacionalista Sinn Fein.
El dirigente conservador avanzó que desgranará el miércoles el conjunto de medidas que ha planteado al probritánico DUP, cuyo líder, Jeffrey Donaldson, confía en que se traduzcan en "cero controles y cero burocracia aduanera" para los productos que entren en la región desde el resto del Reino Unido.
Los unionistas abandonaron el Gobierno de Belfast en febrero de 2022 por su rechazo al Protocolo del Brexit para Irlanda del Norte, que imponía controles fronterizos entre Gran Bretaña y la provincia a fin de evitar una frontera física en la isla de Irlanda, como establecen los acuerdos de paz de 1998.
Asimismo, el DUP vetó más tarde el Acuerdo Marco de Windsor, que sustituyó al protocolo e introdujo cambios, pero mantiene a la provincia dentro del mercado único comunitario para bienes y también en el mercado interno británico.
A falta de más detalles, Heaton-Harris subrayó hoy que el acuerdo alcanzado garantiza la posición de Irlanda del Norte en el Reino Unido y en su mercado interno con los cambios introducidos en Windsor, al tiempo que consideró que no será necesario renegociar este marco con la Unión Europea (UE).
En esa misma línea, el viceprimer ministro irlandés, Micheál Martin, opinó que el nuevo pacto aborda las preocupaciones del DUP respecto al régimen diferenciado diseñado para la provincia tras el Brexit y destacó que Bruselas no pondrá pegas.
"Para aquellos que dicen que no habrá un cambio legal, que predicen que el acuerdo se quedará corto, simplemente les digo que esperen y vean (mañana) el resultado", sostuvo hoy Donaldson, en referencia a las voces críticas dentro de su propio partido y en sectores más radicales, encarnados en la Voz Tradicional Unionista (TUV), la sexta formación norirlandesa.
Su líder, Jim Allister, acusó a Donaldson de "recular de mala manera" y advirtió de que el pacto convertirá a la región en un "condominio" regulado por leyes británicas y comunitarias, lo que tendrá consecuencias constitucionales adversas y podría poner fin a la unión con el resto del país.
Por contra, los principales partidos, reunidos ya hoy para abordar las prioridades del próximo Ejecutivo, celebraron el fin del veto del DUP, que facilitará, por ejemplo, la inyección de 3.000 millones de libras (3.500 millones de euros) ofrecidos en diciembre por Londres a cambio de un pacto de gobierno.
Un evento de "gran significado"
La restauración de las instituciones de poder compartido con un Gobierno encabezado por el Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA, será un evento de "gran significado", recordó este martes su presidenta, Mary Lou McDonald.
La dirigente nacionalista aseguró que el paso dado por Donaldson ha generado "un gran alivio" al desbloquear la crisis, así como una "gran expectación" ante la perspectiva de que la líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, asuma el puesto de ministra principal.
Los próximos días serán cruciales, advirtió por su parte O'Neill, quien calificó la jornada de hoy como un "día de optimismo" de cara a la formación de un Ejecutivo con el DUP -que ostentará el puesto de viceministro principal-, el multiconfesional Partido Alianza y el Partido Unionista del Ulster (UUP), tercera y cuarta fuerza, respectivamente.
"Esto demuestra el alcance del cambio que atraviesa el Norte y toda Irlanda", agregó la presidenta del Sinn Féin, primer partido en la región tras su histórica victoria en las elecciones autonómicas de 2022.
La líder de la Alianza, Naomi Long, señaló que el anuncio de Donaldson le deja una "sensación agridulce" ya que su boicot ha supuesto dos años perdidos en los que los servicios públicos se han deteriorado ante la ausencia de gobierno, como quedó demostrado en la reciente huelga de funcionarios, la mayor convocada en la región en medio siglo.
