La situación de inseguridad en Ecuador ha tocado fondo, con bandas criminales que han transformado a la otrora pacífica población ecuatoriana en una sociedad con miedo. Las urnas de votación que se abrirán el domingo parecen ofrecer una salida a un país que ya no aguanta más, sobre todo tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El crimen de Villavicencio, acribillado el pasado 9 de agosto por presuntos sicarios colombianos cuando salía de un mitin en el norte de Quito, sacudió el tablero electoral y puso a los votantes a decidir con temor.
Las dudas que ha dejado ese crimen hacen suponer que el caso tardará en esclarecer, aunque se suma a la espiral de violencia que ha soportado el país desde hace más de dos años.
Se espera, según vaticinan los expertos, que incluso la tasa de criminalidad trepe a un récord regional, con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superior a países como Venezuela.
Si ello ocurre, al finalizar el año Ecuador se convertirá en el país más violento de América Latina, según comenta la especialista en temas de seguridad Carolina Andrade.
Ella atribuye la situación a la ausencia de un Estado que ataque de manera frontal al auge del crimen y lo que se ha permitido, más bien, es la aparición de una “gobernanza criminal”, especialmente en el sistema penitenciario, donde las bandas delictivas tienen el control interno de las cárceles.
El hecho que se hayan decomisado auténticos arsenales de guerra, con armas de grueso calibre, explosivos y hasta lanzagrandas en requisas en las celdas, da cuenta de la escasa presencia estatal en las prisiones, donde han proliferado una serie de actividades ilegales, pese al anuncio de acciones preventivas por parte del Gobierno.
Andrade se pregunta si esa realidad no abre la posibilidad de que las instituciones del Estado, que deben impedir el crimen, más bien hayan sufrido una contaminación de la delincuencia organizada.
Recuerda que incluso un amigo del cuñado del presidente, Guillermo Lasso, cercano al Gobierno ha sido salpicado con denuncias de presunta relación con una red de narcotráfico denominada la “mafia albanesa”, un caso donde el mandatario ha negado enfáticamente tener relación con cualquier trama criminal.
Andrade, que es secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, desvela también versiones que advierten de la aparente penetración de la delincuencia organizada en diferentes niveles del Ejecutivo y en gobiernos locales.
Frente a esa situación crítica, ella sugiere que el próximo gobernante del país debería tener un liderazgo firme en la toma de decisiones, sobre todo al dar prioridad al gasto en seguridad. Y es que el año pasado, de los exiguos 200 millones de dólares asignados a seguridad, sólo se ejecutó un 30 %. “Ese es el nivel de prioridad que le ha dado el Gobierno de Lasso a la seguridad”, indica la experta.
La fuerza pública ha perdido capacidades logísticas básicas, no se ha renovado, incluso su equipamiento no ha recibido el mantenimiento adecuado y es casi nula la inversión en tecnología orientada a la inteligencia contra el crimen. Es necesario revertir eso e “ir más allá”, enfatiza, y sugiere declarar la emergencia a la seguridad y al sector social, ya que el crimen suele reclutar entre la pobreza.
Voto en casa
Comicios en Ecuador. Ayer arrancó el llamado “voto en casa” para facilitar el sufragio de las personas mayores de 50 años o con discapacidad. El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementó 166 juntas receptoras de voto móvil a escala nacional para el sufragio de 587 beneficiarios. Una vez instalada la jornada de votaciones, los integrantes de la junta se movilizan en un vehículo hacia los domicilios de los beneficiarios, siguiendo una ruta establecida para hacer efectivo el derecho al voto de los electores empadronados.
