Con 23 muertos en siete días, sus posibles basesen rebeldía y un Congreso con escasos simpatizantes que no se abre a su propuesta de adelantar elecciones, la presidenta peruana, Dina Boluarte, se ha enrocado en una defensa institucional de la actuación policial y militar frente a unas protestas, en ocasiones muy violentas, con la que tratará de resistir hasta el término de su mandato. Las críticas han llovido en su contra, pero especialmente de la que debía ser su base social y política, la izquierda, las zonas rurales de Perú y las organizaciones sociales. En respuesta, ha ratificado la presencia de militares en las calles para mantener el orden público y ha hecho tímidos llamados al diálogo, cuando ya la cifra de fallecidos rozaba las dos decenas. En un intento por volver a conectar con su movimiento político y las zonas del país de las que salió, la presidenta peruana hizo un discurso este sábado frente a las cámaras en el que prometió escuchar y atender algunas de las diversas demandas e intercaló quechua con castellano.
Sin embargo, la demora en responder a un movimiento social que estalló hace justo una semana, cinco días después del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo –junto al que concurrió a las elecciones–, le ha alejado, tal vez definitivamente, de sus bases.
EXTRAÑOS COMPAÑEROS
Boluarte, que se presentó junto a Castillo en la fórmula ganadora de las elecciones de 2021, ha sido testigo de primera mano de los enfrentamientos feroces del Congreso al Ejecutivo que, incluso, la han llevado a ser objetivo de investigaciones inmisericordes durante sus tiempos como vicepresidenta.
“La derecha no nos deja gobernar en paz”, llegó a decir en mayo en el Foro Económico Mundial de Davos.
Desde entonces, si bien es cierto que en medio de una gran convulsión social, ha mostrado una cierta cercanía con los integrantes del Parlamento que han salido sin titubeos a respaldar su actuación en las protestas. Particularmente llamativo han sido las voces sumadas a la defensa de militares y policías. En el Congreso, como parte de las bancadas más derechistas, se sientan tres excomandantes de las Fuerzas Armadas, uno de los cuales preside el Parlamento, y uno del Ejército. Además, la agrupación política más numerosa es el fujimorismo, por lo que no es de extrañar que no haya fisuras en el apoyo a los uniformados. Sin embargo, que no hayan dirigido sus miradas hacia la presidenta, que dirige las Fuerzas Armadas y la Policía, es tremendamente llamativo, lo que hace que muchos señalen una alianza contra natura (política) o de supervivencia.
Parece que han hecho bueno esa máxima de que la política hace extraños compañeros de viaje.
URGENCIA DE ELECCIONES
La frase más escuchada desde hace muchos meses en Perú era “que se vayan todos”, una crítica sin piedad que señalaba a todos por igual, Ejecutivo y Legislativo, pero que marcaba con más contundencia al Congreso.
Por eso no es de extrañar que, bajo las decenas de estratos que tiene la protesta peruana, haya una que las unifique a todas: elecciones generales ya.
En una actitud casi suicida dada la actual coyuntura, las bancadas del Parlamento –sentadas a ambos lados del hemiciclo– parecen más empeñadas en salvar sus nombres (o sus votos) que en encontrar una salida a la sísmica crisis peruana.
En la calle morían ciudadanos y las protestas entraban en un bucle de violencia del que pueden no salir en meses. En ese panorama, el enroque ha llegado a un Parlamento con una altura de debate que choca al extranjero por su bajo nivel, mientras no son capaces de llegar a un acuerdo para convocar elecciones e insinúan que podrían acabar su mandato.
Pocas cosas se pueden predecir en el inestable Perú excepto una, si eso sucede, las calles arderán todavía más. l
EN CORTO
Elecciones
URGENCIA. El 83% de los ciudadanos peruanos opina que el Gobierno de Perú debería adelantar las elecciones generales, mientras que solo un 13% apoya que la presidenta Dina Boluarte se mantenga en el puesto y finalice su gestión en 2026, según una encuesta del estudio de opinión peruana IEP recogida por ‘La República’. De este modo, siete de cada diez personas encuestadas están en desacuerdo con que Boluarte haya asumido como jefa de Estado ante la destitución de Pedro Castillo, que fue depuesto por el Congreso el pasado 7 de diciembre en una moción de censura, todo ello tras anunciar su intención de disolver la cámara legislativa y de instaurar un gobierno de excepción. La desaprobación de la mandataria peruana, que lleva 11 días en el cargo, es parecida tanto en el entorno rural (77%) como en el entorno urbano (74%).
