Perú vuelve a la calma tras la polémica por disolver el Congreso
Vizcarra convoca comicios legislativos para el 26 de marzo mientas el debate está en si la medida es constitucional
Lima - La tranquilidad reinaba ayer en Perú tras la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
Las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraban la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra. Solo el tránsito por las cercanías al Palacio Legislativo fue restringido por la Policía que permitió el paso de vecinos y trabajadores del Congreso vinculados con la Comisión Permanente, que debe mantener sus funciones hasta la elección del nuevo Legislativo, que Vizcarra convocó para el próximo 26 de enero.
Tal como adelantaron los sondeos de opinión, entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que ha sido un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción. Esto le permitió a Vizcarra afrontar un escenario favorable al anunciar su decisión del lunes, basado en la prerrogativa que le otorga la Constitución de disolver la Cámara si ésta deniega la confianza a dos gabinetes ministeriales.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso eligiera un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que el primer ministro, Salvador del Solar, había presentado una petición de confianza para variar ese proceso, muy cuestionado por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación. Vizcarra recibió luego el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que reconocieron la constitucionalidad de su Gobierno y le expresaron su subordinación.
El principal pronunciamiento en contra lo ofreció la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), la principal patronal del país, que expresó su “enérgico rechazo” a la decisión del gobernante y aseguró que la disolución del Congreso ha sido una violación de la Constitución. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Miguel Cabrejos, pidió “una profunda reflexión” ante la situación y dijo que se debe mostrar “madurez política y social”. “A pesar de esta crisis política creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña a todos los niveles”, enfatizó Cabrejos antes de invocar “el respeto al bien común”. - Efe
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