San Salvador. “Se acabó el sueño americano, ha llegado la hora de construir el sueño salvadoreño”. El líder campesino Germán Meléndez lo tiene claro, a sus 34 años lidera el primer Observatorio Ciudadano del país junto a otras 49 organizaciones que representan a más de 30.000 personas para poner freno a los abusos de las empresas y multinacionales contra el medio ambiente asentadas en su territorio.

“Se acabó que la última opción para salir de la pobreza en este país sea huir como ilegales a los Estados Unidos”, remarca Meléndez agradecido por el apoyo ofrecido por la cooperación vasca a las comunidades campesinas de los municipios de Alegría y Berlín del departamento de Usulután, en la zona norte del país. “Nos hemos dado cuenta de que no sólo podemos ser víctimas de la pobreza; también, parte de la solución”. La ONG Solidaridad Internacional - Nazioarteko Elkartasuna ha acompañado durante los últimos cuatro años a las comunidades de base con cursos de formación tanto en liderazgo político como en defensa de los derechos de las mujeres y del medio ambiente a las comunidades campesinas más olvidadas de esta país centroamericano.

En estos cuatro años han conseguido paralizar mediante manifestaciones, presión a las alcaldías y demandas al Gobierno central la expansión de una empresa geotérmica con alto impacto ambiental, La GEO; el cierre de una embotelladora de agua que ponía en serio riesgo un manantial, Alubia; y la expansión de una cooperativa de alimentos de capital venezolano, Alba alimentos, ante la tala indiscriminada de árboles para el cultivo del campo.

“La transformación ha sido lenta pero ha merecido la pena. Nunca más seremos esclavos de nuestra pobreza”, explica Meléndez orgulloso de haber caminado hasta dos horas para acudir puntual a las reuniones semanales con el resto de campesinos durante todo este tiempo. El cambio de color político en el país y en las alcaldías más cercanas también ha facilitado la creación de espacios de encuentro tras más de 20 años de gobiernos de derechas con un modelo neoliberal que ha fomentado la entrada de capital extranjero sin grandes limitaciones.

El alcalde de Alegría por el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, René Sánchez, incluso ha incluido a líderes del proyecto a la alcaldía para realizar trabajos de vigilancia ambiental en el Municipio. “Basta una llamada de teléfono entre las asociaciones para que se movilicen hasta el lugar dónde se está realizando un tala de árboles o se están vertiendo tóxicos en los ríos, parcelas o montañas”.

Así han conseguido plasmar en un informe detallado todos los atropellos medioambientales de la empresa geotérmica La Geo. Se instaló en la zona tras los acuerdos de paz en el país en al año 96, ahora cuenta con más de 32 pozos de extracción y con la propiedad del 10% del territorio. Otro 75% de las tierras está en manos de los terratenientes del café.

Con los estudios, han provocado que el Ayuntamiento de Alegría les incremente los impuestos mensuales por la generación de energía eléctrica y que el Ayuntamiento de Berlín firme un acuerdo que impida la apertura de nuevos pozos. “Necesitamos los medios técnicos para contrastar los informes que nos facilita la empresa y dónde defienden siempre que no incumplen ninguna normativa”, añade el responsable de la Unidad Medioambiental del Ayuntamiento, Iván Castillo.

“Tampoco hace falta ser científico para darse cuenta del impacto de esta industria”, explica Alexander Nieto, otro campesino líder de una de las asociaciones que conforman el Observatorio. El pasado 7 de noviembre se produjo una fuga de aire en una de las chimeneas de La Geo con altos componentes químicos. Más de 65 personas tuvieron que ser trasladadas a los centros sanitarios más cercanos con mareos, vómitos y problemas respiratorios.

De los 65 contaminados, tres eran familiares de Juan Ángel Vázquez. “Sólo les pedimos una mesa de diálogo para poner fin a todos estos impactos. Si no quieren escucharnos, iniciaremos nuevas manifestaciones”, asegura junto a un laberinto de tuberías de las que gotean agua con azufre. Mientras llega el diálogo, diferentes guardas de seguridad pasean por los recintos de empresa armados con rifles de asalto.

Manantial de Agua Las movilizaciones fueron efectivas ante la empresa Alubia que se instaló junto al manantial de agua que abastecía a un asentamiento de 284 familias. El propietario de la empresa tenía contactos directo con una diputada del FMLN en el Gobierno, lo que no impidió que día tras día los campesinos acudieran a protestar hasta conseguir que la municipalidad interviniera a su favor. En riesgo estaba el único manantial de agua del que se abastecen todas las familias.

“Ni el Ayuntamiento conocía los verdaderos planes de la empresa, ni la empresa querían que se supiera. Nos amenazaron con armas, mandaron a personas uniformadas a nuestras casas, pero ni con esas dejamos de denunciarles”, explica Manuel Rivas Flores, orgulloso también de que al final consiguieran paralizar el proyecto con el apoyo de las otras 49 organizaciones campesinas de la región.

Sus esfuerzos se centran ahora en vigilar la llegada de una nueva empresa, la cooperativa alimentaria Alba de capital venezolano. “Compartimos sus valores políticos pero no la tala que acaban de realizar para conseguir terreno cultivable, ni que hayan cambiado el curso del río para regar sus campos: no estamos en venta”. El territorio libre de la región corresponde a las tierras más pobres, más secas con mayores dificultades para acceder a ellas.

Los campesinos acaban de descubrir que su principal valor pasa por vivir unidos, organizados y conscientes de las leyes. “Se acabó soñar sólo con los Estados Unidos, ahora también podemos soñar con una situación mejor aunque sea en nuestras pobres tierras”, concluye Germán Meléndez con la cabeza alta mientras camina hacia su casa a una hora del centro urbano más cercano.