Trípoli. "El pueblo quiere limpiar la Justicia", reza un eslogan de los Hermanos Musulmanes en Egipto. En la vecina Libia no se escucha esa exigencia, a pesar de que casi todos los jueces y fiscales del país norteafricano proceden de la era de Muamar al Gadafi. Los libios no quieren tocar una de las pocas instituciones que funcionan al menos a medias en el Estado surgido tras la guerra civil. Desmontar la Justicia supondría dar la razón a la aspiración de las brigadas de la revolución de convertirse a la vez en jueces y policías.

Las milicias, creadas en 2011, mantienen retenidos de forma ilegal a unas 7.000 personas, según un informe del International Crisis Group. Entre los presos están supuestos criminales de guerra, traficantes de drogas y los llamados contrarevolucionarios. El hijo de Gadafi, Seif al Islam, es uno de los prisioneros de una brigada de la ciudad occidental de Sintan.

Unicef ha enviado recientemente al docente libanés Ghassan Jalil, que debe instruir a una veintena de empleados judiciales en la Convención de Derechos del Niño de la ONU. "Me doy cuenta de que es la primera vez que estos funcionarios entran en contacto con el tema de los derechos humanos", explica Jalil. El docente describe el sistema judicial libio como "orientado en su mayor parte al sistema francés, con la sharia como importante fuente de legislación, mezclada con elementos italianos y egipcios". Hasta la revolución del 17 de febrero, regían las normas decretadas por Gadafi, ¿y ahora? A menudo siente lástima por los jueces y fiscales libios, en medio de viejas leyes de la era Gadafi y la nueva declaración constitucional. Sobre todo teniendo en cuenta que, en la nueva Libia, los acusados o sus familiares amenazan de vez en cuando a los jueces con armas para lograr un veredicto favorable.