kabul. El año 2010 fue el más sangriento para la población civil de Afganistán desde la llegada de las tropas internacionales al país, según reveló ayer la ONU, que atribuyó la mayoría de las víctimas a las acciones de los talibanes. En su informe anual, la misión de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) explicó que un total de 2.777 civiles fallecieron el año pasado por el conflicto en el país centroasiático, lo que representa un aumento del 15% respecto a 2009. Otros 4.343 civiles resultaron heridos en sucesos de violencia. "En un año en el que se ha intensificado el conflicto, con un incremento de la actividad de las fuerzas gubernamentales y un repunte en el uso de artefactos explosivos por parte de las fuerzas antigubernamentales, los civiles afganos han pagado el precio con sus vidas", se lamentó el asistente de DD. HH. del secretario general de la ONU, Ivan Simonovic.

Los datos de 2010 son los peores desde la caída del régimen talibán hace casi una década, y elevan el cómputo de civiles muertos en los últimos cuatro años a 8.832, lo que arroja una media superior a los dos millares anuales. La organización defensora de los derechos humanos Afghan Rights Monitor (ARM) y el Ministerio afgano del Interior habían cifrado semanas atrás en 2.421 y 2.043 respectivamente los civiles fallecidos el año pasado.

el 75%, culpa de la insurgencia De acuerdo con el nuevo informe de la UNAMA, la gran mayoría de las muertes -el 75%- corrieron a cargo de la insurgencia, mientras que las fuerzas de seguridad afganas o la OTAN son responsables del 16% de los fallecimientos. La organización fue incapaz de asignar una autoría en el 9% restante de los casos, pero sí determinó que los atentados suicidas y las bombas camineras de los insurgentes fueron los sucesos más mortíferos, con 1.141 fallecidos por estas causas.

La UNAMA denunció que a pesar de que el movimiento talibán liderado por el mulá Omar había difundido el pasado mayo un código de conducta entre sus combatientes, "no se observó un esfuerzo coordinado de los talibanes para implementar estas órdenes". Según el informe, la insurgencia no solo golpeó a parientes o personas vinculadas con el Gobierno o las fuerzas de seguridad, sino también a activistas, profesores, estudiantes o médicos, entre muchos otros.