Bilbao. Los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela están sometidos estos días a un trabajo frenético. A menos de un mes para el cambio de legisladores -elegidos en los comicios del pasado 26 de septiembre-, el Parlamento se ha declarado en sesión especial hasta enero, con lo que pretende aprobar una serie de leyes orgánicas que considera necesarias para el avance de la "revolución bolivariana". El Gobierno de Hugo Chávez ya ha manifestado su temor de que la nueva Asamblea, en la que el oficialismo gozará de una mayoría simple pero insuficiente para aprobar leyes orgánicas u otorgar poderes especiales al Ejecutivo, frene el proceso revolucionario a partir del 5 de enero, cuando asuma sus funciones.

Así, si hace unos días los diputados oficialistas dotaban a Chávez de la cuarta Ley Habilitante de la que goza como presidente -le permite gobernar por decreto durante 18 meses-, la noche del lunes aprobaron dos controvertidas reformas sobre los medios de comunicación. Se trata de la Ley de Telecomunicaciones, que establece que la televisión y la radio serán considerados servicios de "interés público", y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión -conocida como Resorte-, que amplía a internet las regulaciones que ya se aplican a los medios audiovisuales. Ambas reformas han sido criticadas por los medios de comunicación privados, académicos críticos y profesionales del periodismo que ven estas medidas como un intento de controlar sus contenidos.

Responsabilidades La ley Resorte elimina el anonimato en internet, establece una lista de contenidos prohibidos y responsabiliza a los proveedores de los mensajes que inciten al odio, la intolerancia política y religiosa, la apología del delito, que impliquen propaganda de guerra, generen zozobra en la ciudadanía, alteren el orden público o desconozcan a "las autoridades legítimamente constituidas". La reforma legislativa señala también que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que violen las prohibiciones contenidas en la norma". Las multas por infringir la ley se calcularán en base al 10% de los ingresos brutos del año anterior y ala "supresión del servicio será por 72 horas continuas". En caso de reincidencia, el cierre podría se definitivo.

El presidente venezolano defiende esta ley alegando que hay portales de internet que incitan al odio o que difaman a su Gobierno sin que sean aplicadas sanciones. Y mientras esto ocurre en Venezuela, en Estados Unidos se aprobaba ayer una ley sobre neutralidad en la red, que busca que todos los proveedores tengan los mismos derechos de acceso a internet.

Por su parte, la Ley de Telecomunicaciones establece que "se declaran de interés público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y producción nacional audiovisual". El Estado venezolano sigue teniendo el control del espectro radioeléctrico y entregará concesiones de 15 años como máximo, cuando hasta ahora el límite era de 25 años. La reforma limita, además, la inversión extranjera. Las reformas legislativas fueron aprobadas en una sesión permanente, declarada hace dos semanas por la mayoría oficialista.