En los últimos tiempos el sector bancario se ha visto acosado por la inquietud; los problemas de tres bancos norteamericanos, primero el Silvergate Bank, luego el Silicon Valley Bank, seguido a los tres días con la intervención por el regulador del Signature Bank, trajeron consigo la preocupación, primero, y luego, casi, el pánico. Crisis que se extendió a otros bancos e incluso saltó al otro lado del Atlántico de forma que el Credit Suisse (fundado en 1856), con varios meses a la espalda de caída en su cotización bursátil, tuvo que ser rescatado por el Gobierno helvético y un competidor tradicional como UBS; en esos días corrieron rumores de la no buena situación de Deutsche Bank… En fin, como decimos la desconfianza se ha extendido por el sector, aunque parece que en las últimas semanas la cosa se va tranquilizando.
En este contexto, quizás sea de interés recordar la última gran quiebra bancaria ocurrida en Bilbao hace casi 100 años. Nos estamos refiriendo a la del Crédito de la Unión Minera, iniciada con su suspensión de pagos en febrero de 1925.
Este banco se fundó al hilo del auge económico experimentado en torno al cambio de siglo. Entre marzo y junio de 1901, se formaron cinco bancos en Bilbao: uno de ellos fue el Crédito de la Unión Minera, pero en tres años habían desaparecido todos menos dos.
El banco, formado por importantes propietarios mineros e intermediarios de mineral del momento, desde el comienzo vinculó sus negocios a este sector por lo que se convirtió en apoyo financiero para las actividades mineras de sus promotores: adelantos de fondos sobre minerales en depósito a bajo tipo de interés, promoción de negocios mineros y a ellos asociados. Su capital inicial se escrituró en 20 millones de pesetas pero se desembolsó inicialmente sólo uno. El Crédito de la Unión Minera, para hacerse un hueco en el mercado, inició una política comercial agresiva, abonando un interés del 2% en cuentas corrientes a la vista –que el Banco de Bilbao no remuneraba– o el 4% en libretas cuando los demás sólo llegaban al 3%.
Muestra del éxito del Crédito fue que para 1902 ya reportó un dividendo del 8%, repartiendo como media, entre 1906 y 1913, uno del 13%, llegando a cotizar sus acciones en 1911 al 450%. Sus acciones no hicieron más que subir en la Bolsa de Bilbao: en 1915 un 28%, en 1916 un 120%, en 1917 un 210% y en 1918 un 310%.
Tras los grandes beneficios que los bancos –y otros sectores como el naviero– tuvieron durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en la década de los veinte las cosas no fueron tan bien por lo que los bancos especulativos o los que habían llevado una política más aventurera pasaron por dificultades. Y 1925 fue un año especialmente negro para el sector, con la quiebra del Banco Vasco, el derrumbe con escándalo mayúsculo del Crédito de la Unión Minera o la reconversión del Banco Agrícola Comercial.
El 11 de febrero de 1925 el Crédito de la Unión Minera suspendió pagos. Las causas de la catástrofe fueron varias: la especulación desordenaba en Bolsa con los recursos adquiridos en depósitos a plazo, la pignoración de acciones depositadas en el Banco y los propios problemas del sector minero del momento. De hecho, el banco estuvo durante años falseando su contabilidad dando beneficios ficticios, como se vio al efectuarse las primeras auditorías en marzo de 1925.
Para el 16 de febrero se supo que los consejeros habían dispuesto, de forma no muy clara, de unos 55 millones de pesetas, y se hicieron ya cálculos de pérdidas cercanas a los 100 millones. Las medidas judiciales no se hicieron esperar; un juez instructor abrió diligencias de inmediato y se nombró un nuevo Consejo de Administración.
El juez llamó a declarar al presidente del Consejo, José Mª San Martín, al consejero Agustín Iza y a los empleados Federico Meltzer (contador) e Ignacio Belausteguigoitia (cajero). Además, citó y dictó su ingreso en prisión del director (Juan Núñez) y varios consejeros (Pedro Astigarraga, José de Acillona –marqués de Acillona– y su hermano Guillermo y José Chapa). El nuevo Consejo de Administración estuvo formado por lo más granado de los negocios e instituciones locales y provinciales: Ceferino de Uríen (presidente de la Diputación vizcaina), Federico Moyúa (alcalde de Bilbao), Ángel Jausoro (presidente de la Cámara de Comercio), Diego Mazas (síndico presidente de la Bolsa de Bilbao), Ramón Quijano (director de la Sucursal del Banco de España en Bilbao) y otros conocidos industriales locales (Ramón de la Sota y Llano, Pedro Chalbaud, Domingo de Epalza, Venancio Echevarría, etc.) además de algunos representantes del comercio de Burgos y de su Cámara de Comercio, lo que no ha de extrañar debido al importante peso entre los depositantes de domiciliados en la provincia castellana.
Un suicidio
El día 23 de febrero se manifestó la crudeza de la situación cuando Manuel Aranaz Castellanos, agente de cambio y bolsa además de notorio autor costumbrista local, fue por el camino de Rekalde y se pegó un tiro. Al parecer, se había fiado de algún directivo del Crédito que había empleado su firma para la pignoración de acciones de clientes del banco, de forma que él apareció, a ojos del Banco de España, como uno de los responsables del escándalo. El mismo día del suicidio de Aranaz, el juez de Primera Instancia del Distrito del Ensanche, Pedro Navarro Rodríguez, decretó el embargo de los bienes de los cinco detenidos. Al día siguiente se decretó auto de prisión contra otros consejeros del banco: José Mª González Ibarra, Luis Núñez, Agustín Santisteban, Julio Benito del Valle, Federico Salazar y Agustín Iza.
Mientras se aclaraba lo ocurrido, y en la medida en que en los mentideros bilbaínos se discutían las causas del desastre, los afectados comenzaron a tomar sus medidas: la Naviera Vascongada presentó el viernes, 27 de febrero de 1925, una denuncia por la desaparición de valores depositados en el banco por valor de 1.900.000 pesetas. Ese mismo día por la tarde el juez dictó orden de procesamiento y prisión sin fianza contra los consejeros Federico Salazar, Luis Núñez Arteche, su hijo Luis Núñez, Julio Benito del Valle, Agustín Iza, Agustín Santisteban, y José Mª González Ibarra. Igualmente dictó procesamiento y prisión sin fianza contra el cajero, el contador y el jefe de negociado de valores. Por último, dictó el procesamiento del presidente del Consejo, José Mª San Martín, y los consejeros Santiago Olavarría, Ramón Olalde y Darío de Arana. El total de fianzas y responsabilidades exigidas por el juez alcanzaba la astronómica cantidad para la época de 1.250 millones de pesetas. Para tener una referencia de comparación esa suma equivalía casi a la mitad del presupuesto de gastos del Estado, siendo el ordinario de la Diputación de Vizcaya, para ese año de 1925, de 24 millones de pesetas.
A fines de marzo de 1925 –con los primeros resultados de las auditorías de las cuentas verdaderas del banco– saltó el escándalo: 40 millones de pesetas de valores de clientes depositados en el banco se habían descontado en otros bancos, fundamentalmente en el de España. Esta fue una de las muchas irregularidades que las autoridades judiciales se encontraron en la contabilidad real de la entidad.
Las fuerzas vivas de la ciudad se pusieron en marcha para conseguir arreglar el infortunio de alguna manera. Parece que en una reunión mantenida por algunos de los más significados capitalistas del momento, pidieron a la Diputación una solución al problema.
La Diputación, por medio de su presidente, Ceferino de Uríen, se comprometió a solucionar, por lo menos en parte, el problema, aunque tenía la evidente dificultad de ignorar qué cantidad concreta sería necesaria, ni tampoco podría correr la Diputación el riesgo de entrar en una operación de crédito a menos de dos años de tener que renovar el cupo concertado. Por todo ello la resolución del asunto llegó por una vía indirecta. Se le pidió a Horacio Echevarrieta (uno de los principales acreedores del banco, por lo que estaba más que interesado en que se arreglase el asunto), que utilizase sus buenas relaciones con el Gobierno español para saber si éste estaría dispuesto a adelantar las negociaciones de renovación del Concierto Económico y sobre todo fijar ya el cupo a pagar desde 1 de enero de 1927; y de este modo saber a qué atenerse.
Una negociación
Horacio Echevarrieta, en definitiva, transmitió al Gobierno la disposición de la Diputación vizcaina de tapar el agujero de 92 millones de pesetas (según se estimó en ese momento). Pero lo haría a condición de renovar el Concierto Económico, propuesta aceptada por el Gobierno, que a su vez insistió en que, si no se solucionaba el problema del banco, no entraría a renovar el Concierto.
El 6 de junio de 1925, por fin, se resolvió el asunto. Como buena muestra de lo relacionado que estaba el Concierto con el problema del Crédito de la Unión Minera se firmaron, en el mismo momento, dos actas: una referente al Concierto y otra al ofrecimiento que hacía la Diputación de Vizcaya, una vez sabido el esfuerzo que debería hacer con los cupos desde 1927, con la ayuda de las Diputaciones provinciales de Guipúzcoa y Álava, para el pago de los créditos pasivos del Crédito de la Unión Minera, con carácter de anticipo reintegrable, por un total de 60 millones. De hecho, en un apartado del citado convenio se incluía una cláusula sobre el reintegro de la aportación de las Corporaciones provinciales. La Diputación vizcaina contrató un empréstito con el Banco de España el 26 de junio de 1926 por 60 millones de pesetas, a amortizar en 25 años al 4,5% de interés.
Para la realización del convenio había que llevar a cabo la liquidación del Crédito, por lo que se constituyó una Comisión Liquidadora. En 1926 esta comisión devolvió el 54% de los saldos a los ahorradores. Tras sucesivas prórrogas de la Comisión Liquidadora (1931 y 1936) y diversos repartos tras aquel primero (1934, 1936, 1941 y 1942) con carácter definitivo acabó su actividad el 11 de abril de 1942. Para esta fecha se había liquidado la mayor parte del activo y pagado las deudas. El saldo pendiente de la Comisión Liquidadora alcanzaba los 30.923.908,76 de pesetas aunque sólo tenía para repartir 465.576,94 pesetas. Antes de cesar, la Comisión Liquidadora decidió adjudicar en comisión el residuo de activo a cuatro adjudicatarios con la misión de que con este resto pagaran las deudas pendientes. Tras efectuar diversos repartos (1960, 1969 y 1972) la Comisión Adjudicataria acordó uno último en 1986 de 17 millones de pesetas., de los que sólo se hicieron efectivos 3,5 quedando por lo tanto un remanente de casi 13,5 millones de pesetas.
El último adjudicatario, José Luis Romeo Amantegui, comunicó en 2001 a la Diputación Foral de Bizkaia todos los antecedentes del caso, y su idea de que era a ella, en cumplimiento del acuerdo de acreedores de marzo de 1926 y una vez prescritos los derechos de los acreedores, a quien correspondía cobrar los saldos disponibles. En octubre de 2001 Romeo entregó al diputado de Hacienda de Bizkaia, Javier Urizarbarrena, el saldo resultante de la liquidación del Crédito de la Unión Minera como reintegro del anticipo de 60 millones de 1926. El 24 de enero de 2002, falleció una vez culminado el encargo recibido casi 40 años antes.
El autor: Eduardo J. Alonso Olea
Profesor Titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Ha desarrollado su carrera investigadora fundamentalmente en las esferas de la historia económica, tributaria y política del País Vasco, destacando sus trabajos sobre el Concierto Económico, tanto en los aspectos académicos como divulgativos. Es subdirector del Centro de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV/EHU. Ha impartido docencia en los Departamentos de Historia de la Educación y de Historia Contemporánea de la UPV/EHU, tanto en Donostia, Vitoria-Gazteiz como en Leioa, así como en Bilbao, en las Aulas de la Experiencia.
Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados por entidades como el Gobierno vasco, MINECO, la Diputación Foral de Bizkaia, la Asociación Ad Concordiam, el Ayuntamiento de Bilbao, etc.
