Pizo Gómez se enreda

EL pasado martes una de las piezas del escándalo de los ERE, esa red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía y que hunde sus raíces en el siglo, llegaba al final de su larga instrucción. La jueza María Núñez Bolaños, encargada de investigar una de las tramas, decidió procesar a cinco personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector de Trabajo Javier Guerrero. También a José Antonio Gómez Romón,más conocido como Pizo Gómez, por una ayuda recibida de 491.424 euros que no le correspondía concedidos por la Junta de Andalucía entre 2007 y 2008 a través de la empresa guipuzcoana Centros para la Formación y Prevención Laboral S.L. (Cenforpre) cuyo jefe, Miguel Errecalde, también está procesado.

Según la jueza Bolaños, Pizo Gómez recibió en su cuenta corriente el dinero “a sabiendas” de que no tenía ningún derecho a ello, y con los 491.424 euros, que percibió íntegramente, pagó las cuotas de amortización de un préstamo de 500.000 euros que pidió a la Caja Rural de Navarra.

Cenforpre realizaba programas de formación para la Junta de Andalucía y cobraba mediante transferencias bancarias, pero los últimos, iniciados en 2004 y finalizados en 2006 y relativos a un proyecto de divulgación de riesgos laborales para graduados de colegios profesionales, no se pudieron pagar por falta de presupuesto, según la juez. Por ello, el ex director general de Trabajo propuso a Errecalde, con el que tenía amistad, pagar mediante una póliza de rentas, para lo que era necesario que apareciera una persona física.

Alejado del fútbol activo, aquel bullicioso futbolista surgido en el Eibar, criado en Lezama allá a comienzo de los ochenta, en época gloriosa para el Athletic, se afincó en Iruñea cuando colgó las botas. Y pasó al anonimato, si bien siguió vinculado al fútbol comentando los partidos de Osasuna a través de la cadena COPE.

Pero su regreso a las páginas de los periódicos no fue precisamente en la sección de deportes.

Se supo de su implicación en un caso tan proceloso allá, en la lejana Sevilla, el 7 de abril de 2011, al trascender su detención acusado de un delito de tráfico de influencias cuya investigación se había iniciado en 2007.

El auto de procesamiento de Pizo Gómez se conocía después de que la Hacienda Foral de Nafarroa hiciera pública, el pasado 18 de mayo, su lista de grandes deudores, entre los que el exfutbolista guipuzcoano mantiene una posición prominente, alcanzando los 250.953 euros.

interacción Fue la famosa jueza sevillana Mercedes Alaya, que investigaba las irregularidades relacionadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), la que sacó a la luz pública las penurias de Pizo cuando le citó a declarar el 25 de noviembre de 2011, aunque el exjugador, a instancias de su abogado, se acogió a su derecho a no decir nada. Entonces se supo de la enfermedad (la deuda de Pizo) y el remedio para la misma, procedente de un fondo de reptiles. La jueza Alaya dejó constancia de las preguntas que iba a formularle. Por ejemplo si la “referida deuda de Cenforpre no existía realmente al no reconocerla la Junta la deuda por impartir cursos de formación”, o si “no es más cierto que desde el primer momento, asfixiado por las deudas”, le pidió ayuda a su jefe, Miguel Errecalde y este “le propuso como solución acudir a la Junta de Andalucía dadas las buenas relaciones entre ésta y su empresa, y a sabiendas de que la Junta nada debía a Cenforpre”.

Pizo Gómez, en cambio, sí había hablado antes ante la Policía. Y ante los investigadores aseguró que su jefe le había pedido que le hiciera “un favor”, puesto que la Junta tenía una deuda con Cenforpre y el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, “le había propuesto hacer frente” a dicha deuda mediante la contratación de una póliza de seguros de rentas. Según el exfutbolista, cuando recibió el dinero le pidió a su vez a su jefe ayuda para su “problema” con la Hacienda Foral de Nafarroa: una deuda de un millón de euros.

Pizo, según el informe policial, añadió que le propuso a su jefe solicitar un préstamo personal de 500.000 euros en la Caja Rural de Navarra, que fue pagando con los ingresos de la póliza de la Junta, y después fue devolviendo parte del dinero a su jefe.

Casi seis años después, la jueza María Núñez Bolaños en su auto de procesamiento, entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicas.

A lo largo de esta semana se espera que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación de la Junta de Andalucía soliciten la apertura de juicio oral.

En Iruñea la situación procesal de Pizo ha causado perplejidad, sobre todo al trascender la deuda contraída con la Hacienda Foral, y que le llevó a generarla.

El caso de los ERE se reparte en cuatro piezas. En la principal, la denominada política, están acusados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.