El informe anual de Amnistía Internacional correspondiente a 2025, publicado ayer, vuelve a reflejar la persistencia e incluso la intensificación de graves violaciones de los derechos humanos. El informe constituye una palmaria constatación de la necesidad de organizaciones como Amnistía Internacional para registrar crímenes y abusos, más aún en tiempos en los que progresan el unilateralismo y la ley del más fuerte, mientras los mecanismos de rendición de cuentas son cada vez más cuestionados y el orden basado en normas, instituciones y cooperación multilateral cotiza a la baja. Como señala el informe, los conflictos armados siguen siendo el escenario más extremo. Las acusaciones de genocidio en Gaza, los crímenes de lesa humanidad en Ucrania o las atrocidades documentadas en Myanmar y Sudán no solo reflejan la crudeza de las guerras contemporáneas, sino también la fragilidad de las herramientas diseñadas para prevenirlas y sancionarlas. El debilitamiento de instancias como la Corte Penal Internacional, cuestionada por potencias clave y abandonada por algunos Estados, evidencia una preocupante erosión del sistema jurídico internacional. El informe alerta también de una deriva autoritaria que atraviesa geografías y sistemas políticos diversos. La represión de la disidencia, el uso abusivo de leyes de seguridad y la violencia contra manifestantes se han convertido en prácticas recurrentes, incluso en democracias consolidadas. La discriminación emerge como otro eje central, a partir de políticas migratorias restrictivas. Las deportaciones masivas y la falta de protección para quienes huyen del cambio climático están a la orden del día. A ello se suman la persistencia de la violencia de género, los obstáculos al acceso a los derechos reproductivos y el aumento de los ataques contra personas LGBTI. Todo ello configura un escenario en el que la igualdad sigue siendo una asignatura pendiente. El diagnóstico que hace Amnistía Internacional no debe conducir al fatalismo. Si algo demuestra el informe es que los avances, aunque limitados, son posibles cuando existe voluntad política y presión social. En un momento de cuestionamiento del multilateralismo, potenciar las instituciones internacionales no es solo deseable, sino imprescindible. La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni coyuntural. Constituye, en última instancia, el fundamento de cualquier sociedad democrática que aspire a ser justa y sostenible.
