Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años ha situado a sus perceptores en unos niveles de ingresos más acordes al debido reconocimiento laboral digno. No cabe desdeñar el impacto que ha tenido la evolución de la inflación durante y después de la pandemia covid-19 a la hora de facilitar los consensos en torno a la revisión al alza del baremo de referencia. No obstante, si esto fuera el único motivo, una mera y sistemática deflactación del IPC en los tramos del IRPF debería servir para evitar la polémica que apunta a que la incorporación de las rentas salariales mínimas mejoradas a la contribución fiscal va en detrimento de sus perceptores.

El debate tiene otros parámetros que lo condicionan. En primer lugar, el SMI tiene un objetivo para el mercado laboral, de modo que la relación bilateral entre empresa y trabajador garantice unos mínimos ingresos por el desempeño. En ese sentido, la mejora de esos ingresos solo mantiene el poder adquisitivo si se actualiza, como en el caso de las pensiones contributivas, atendiendo a la evolución de los precios. El SMI, con un incremento de más del 60% en los últimos siete años –como ayer recordaba Pedro Sánchez– ha permitido elevar ese poder adquisitivo por encima de los precios.

El segundo debate a atender es el de la contribución fiscal y su progresividad. En primer lugar, se ve distorsionado por la evidencia de que la mejora del SMI recien aprobada va a tener menor efecto en el bolsillo del trabajador si no se acompaña de la subida del tramo exento del IRPF. Habiéndose preservado ese efecto en las subidas anteriores, el cambio de criterio causa sorpresa. La explicación de la necesaria corresponsabilidad fiscal de los diferentes niveles de renta resulta lógica pero demanda a su vez la garantía de progresividad. Un incremento sostenido del SMI lo acercará paulatinamente a niveles de ingresos que ya venían tributando y no parece sostenible eximirlo sine die de oficio de la aportación fiscal.

Pero igualmente lo es que la progresividad del IRPF en el Estado español es mejorable tanto en tramos como en esfuerzo en función de la renta y el equilibrio no llega siempre por recaudar más, pero tampoco por eximir de tributar. La fórmula debe ser más contrastable técnica y no solo ideológicamente; y mejor explicada.