DOS guardias civiles asesinados, aparentemente objeto de una venganza de narcotraficantes, al ser arrollados por una narcolancha deberían ser motivo para abrir un profundo análisis sobre los medios, las estrategias y los compromisos reales que se activan para luchar contra esta forma de crimen organizado. La búsqueda de mecanismos coordinados y el sincero diagnóstico de los éxitos y los fracasos de las políticas implicadas no debería quedar en segundo plano por la instrumentalización política que, lamentablemente, vuelve a adquirir protagonismo en el debate público. Es oportuno valorar y cuestionarse si los medios disponibles para combatir el narcotráfico son suficientes, si hay margen de mejora y si existen fórmulas más eficientes también en el marco europeo. Sin perder de vista que la lucha contra la criminalidad debe manejarse dentro del marco del Estado de derecho, que no todo vale ni hay margen para la arbitrariedad, sí resulta necesario analizar si la diligencia con la que los gobiernos europeos coordinan y dotan, por ejemplo, sus políticas contra la inmigración ilegal, tienen o no parangón en capítulos como este. El narcotráfico es un problema de dimensión continental y la respuesta será más eficiente si alcanza la misma dimensión. Tristemente, el diagnóstico acertado sobre la situación queda contaminado y cuestionada su fiabilidad si la tragedia reciente sirve para coadyuvar en la estrategia de desgaste del Gobierno español por parte de la derecha. La carencia de medios puede objetivarse, así como la dificultad para dotarse de ellos con los recursos públicos que tan amplio abanico de destinos tienen que afrontar. Lo que no aporta nada a las soluciones es la utilización manipuladora del sentimiento de rechazo para convertirla, de nuevo, en ariete político. Si el Parlamento andaluz fue capaz de consensuar una declaración de condena sin cargas adicionales, esa unanimidad debió preservarse en el navarro o el catalán y no someter su acción a la conveniencia de PP o Vox de generar discordia con soberanistas y socialistas incorporando a sus respectivas declaraciones elementos ajenos, de ensalzamiento de un cuerpo policial cuya historia contiene claroscuros no dirimidos o de girar facturas al Gobierno socialista. El daño injusto vuelve a utilizarse para amparar fines espurios.