LA próxima Ley vasca de Educación se abre en su tramitación. La presentación de enmiendas ofrece un escenario clarificador. El grado de consenso de la mayoría parlamentaria que constituyen los socios de Gobierno –PNV y PSE– se consolida con una reflexión compartida también en el ámbito de los ajustes articulares mediante enmiendas. Es un paso sólido que no excluye un consenso más amplio del que no sería fácilmente explicable que se descolgara EH Bildu como lo ha hecho ya Elkarrekin Podemos. A este respecto, es preciso recordar que no estamos ante una nueva ley del euskera, cuyos parámetros siguen vigentes –incluyendo la oferta de modelos lingüísticos para la elección de los progenitores en la educación de sus hijos–, ni tampoco una ley de escuela pública, que supondría obviar a la mitad de la estructura educativa del país y a sus alumnos y trabajadores. En ese marco, las enmiendas de EH Bildu no afectan al tuétano de la ley y sería un error un exceso de escenografía ideológica –la ley educativa no parece el foro más oportuno para reivindicar el derecho de Euskal Herria a ser nación, siendo legítimo–. La sostenibilidad práctica de los modelos lingüísticos educativos nace de la elección de los usuarios de la educación y de la capacidad de cada centro de articular su esquema con el euskera y el castellano como vehiculares y la lengua vasca como eje del modelo. Al observador externo no se le puede escapar que la ley no puede pecar a la vez de perseguir al castellano –como sostienen PP, Vox y C’s– y de someter el euskera a su imperio, como argumentan algunas voces de la izquierda soberanista. No puede imponer el modelo público sobre el concertado –de nuevo la derecha– mientras se reprocha –Elkarrekin Podemos– que blinda la viabilidad del segundo. La futura Ley de Educación merece desideologizarse de las obsesiones sectarias de cada cual y convertirse en la herramienta eficiente orientada a la mejor capacitación de las futuras generaciones, plurilingües y formadas en el respeto a la diferencia y al derecho ajeno. El riesgo de perder de vista este extremo sería instrumentalizar esta norma para justificar otros debates y someterla al marco preelectoral o a intereses de colectivos sectoriales. Lícitos pero particulares y no representativos del interés general de la sociedad vasca.
