EL proceso parlamentario abierto para el debate, adaptación y futura aprobación de la próxima Ley de Educación debería quedar blindado en Euskadi frente a la tentación de someterlo a las tensiones propias de los ciclos electorales en ciernes y de las prioridades sectoriales, completamente legítimas siempre que se integren en un proyecto de alcance general para el país. Los términos en los que se están manifestando algunos partidos no van en esa dirección. El desmarque de Elkarrekin Podemos parece fruto del vértigo de asimilar la realidad sociológica vasca y de su estructura educativa de éxito. Los discursos y diagnósticos utilizados como excusa para su posición son importados, tienen más que ver con situaciones que no son propias del sistema educativo vasco y sí de las carencias que arrastran otras comunidades. Aderezado con un dogmatismo ideológico que sacraliza la enseñanza pública, siendo el 50% de la red educativa vasca, acaba por obsesionarse con el desmantelamiento de los modelos concertados, cuyo papel ya se reconocía en el pacto que suscribió hace más de un año sin que desde entonces haya prestado mayor atención al mismo. Por razones inversas y sus propias fobias a la realidad sociocultural vasca, el PP ahonda en el espacio periférico y desconectado de esa realidad con discursos carentes de veracidad y obsesionados por imponer el castellano pese al conocimiento y uso preeminente y normalizado de esta lengua en la sociedad. En paralelo, la evidente presión electoral sobre el PSE en este aspecto le está llevando a una sorprendente y en absoluto justificada incomodidad que le anima a pretender proyectar la aprobación de la ley a la próxima legislatura, cuando el ciclo electoral que acosa no tanto al socialismo vasco sino al español, haya quedado resuelto. En este marco, el riesgo de instrumentalización electoral de lo que debería ser un acuerdo de país es claro y debería evitarse. Clarificar los términos de los desencuentros y no mantenerlos en el limbo de la retórica sería la actitud más leal. Y dimensionar las polémicas en su justa medida. La que sigue enrocando a Ikastolen Elkartea frente a la distribución de alumnos vulnerables afecta, según sus propias cifras, a 50 alumnos frente a los 56.000 que son parte de su red. Un tono más razonable y sin plantes es imperioso.