LA decisión de los socios de referencia del Gobierno de Pedro Sánchez –PNV, ERC y EH Bildu– de no presentar enmiendas a la totalidad es condición necesaria pero no suficiente para garantizar las cuentas de 2023. El precedente que hubiera supuesto posicionar a la mayoría de la investidura en el lado del no queda descartado de partida tras el diálogo mantenido hasta última hora. La negociación deberá continuar ahora, pero se habilita la estabilidad del diálogo. De las tres fuerzas, solo el PNV ha explicado con acuerdos tangibles su disposición a seguir negociando contenidos expresos del proyecto de ley; ERC ha enumerado algunas de sus prioridades –de la que ahora, siquiera puntualmente, ha descolgado la reforma del delito de sedición– y EH Bildu ha pasado de puntillas sobre los contenidos de su agenda, aunque ha dejado claro que renuncia, gratis, a enmendar a la totalidad por la mera expectativa del diálogo. En este sentido no son menores los argumentos descritos por Aitor Esteban para explicar la decisión jeltzale. La reactivación de inversiones y ejecución presupuestaria del Estado en los Territorios Forales constatada recientemente, junto con la expectativa de acuerdo cercano en alguna transferencia pendiente abren la puerta a negociar en las propias partidas presupuestarias con afectación a la Comunidad Autónoma Vasca y la Foral Navarra. No obstante, el más significativo de los acuerdos alcanzados en este punto del diálogo es la renovación de la metodología de cálculo del Cupo. Es sistema de cálculo negociado hace cinco años con Cristóbal Montoro (PP) se mantendrá para el período 2022-26, lo que aporta una garantía jurídica que empezaba a quedar afectada toda vez que la prórroga anual del sistema siempre es un riesgo en tiempos preelectorales. En este sentido, la Aportación derivada del Convenio de Navarra, que asimismo está prorrogada desde hace dos años, también resultaría conveniente a su gobierno resolverla ante el riesgo de cambios en sus interlocutores del Estado. De esta fase del diálogo se han obtenido para Euskadi acuerdos que trascienden el carácter anual del proyecto de cuentas porque una fuerza política –el PNV– ha situado en su prioridad su consecución, de aplicación independiente al devenir posterior. Una agenda política vasca que nadie más ha llevado a la mesa de negociación. l