El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha defendido este miércoles que los cambios en la base mínima de cotización para autónomos familiares colaboradores y societarios es resultado de la aplicación de una norma pactada con patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.
Durante su intervención ante la comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, Suárez ha recordado que la reforma de 2022 estableció que, a partir de este año, estos autónomos colaboradores y societarios no podrían tener una base inferior a la mínima del régimen general.
Esto supone, en aplicación de una disposición transitoria del real decreto que articuló esta reforma, pasar de una base mínima de 1.000 euros a 1.424 euros, lo que conlleva un incremento de cuotas mensuales. "Se decidió en una mesa con todos, incluso por los que ahora critican de una forma intensa esta realidad", ha señalado Suárez.
El origen de la polémica por el incremento de cuotas
Entre esas críticas está la de ATA, cuyo presidente y también vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha acusado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de mentir al haber asegurado que este año se congelarían las cuotas para todos los autónomos.
Para Amor, el Gobierno ha mentido porque a finales del año pasado congeló las cuotas de 2025 "a todos los autónomos" para este año, pero ha dejado fuera de esa medida a un tercio de ellos (más de 400.000 autónomos familiares colaboradores y más de 800.000 societarios con rendimientos próximos a 1.000 euros mensuales), la mayoría mujeres, a los que afecta este cambio en la base mínima.
También UPTA ha pedido un real decreto ley para recuperar la base mínima de cotización de 1.000 euros para autónomos familiares colaboradores y societarios y evitar así un incremento de cuotas este 2026. Ambas organizaciones suscribieron el pacto para la reforma.
Situación de la gestión y plantillas en la Seguridad Social
Suárez ha comparecido este miércoles para informar, entre otros puntos, sobre los paros indefinidos convocados por los directivos provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y su impacto en la gestión de las prestaciones sociales.
En este tema, ha rechazado que la Seguridad Social sufra un "colapso", aunque ha reconocido problemas por sobrecarga de trabajo y escasez de plantillas, así como por el envejecimiento de los trabajadores de la Seguridad Social. "No hay un problema sistemático de citas (...) ni se puede hablar de colapso", ha incidido Suárez.
El secretario de Estado ha puesto en valor el esfuerzo de los empleados públicos para mantener la operatividad del sistema a pesar de los desafíos estructurales que afronta el organismo en la actualidad.
Colaboración con mutuas ante la incapacidad temporal
Por otro lado, y sobre el incremento de la incapacidad temporal, Suárez ha aprovechado para hacer un llamamiento a las Comunidades Autónomas para que sellen convenios con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para poder usar sus recursos y agilizar así procedimientos.
Por el momento, ha explicado, solo se han firmado cinco convenios, a los que se sumará uno más en los próximos días. "Hago un llamamiento a las comunidades para aprovecharlo", ha reclamado. Esta medida busca optimizar el uso de las instalaciones y personal especializado de las mutuas para reducir las listas de espera en las revisiones y altas médicas, mejorando así la eficiencia del sistema y controlando el gasto derivado de las bajas prolongadas.
