Pradales reclama a Sánchez medidas para aliviar la carga fiscal sobre la energía

La guerra en Oriente Medio se agrava conforme pasan las horas. Existen pocas certidumbres sobre la evolución de la vertiente geopolítica de los conflictos, con múltiples dudas acerca de si los ataques a Irán han conseguido quebrar su programa nuclear o si servirán para forzar un cambio de régimen. Lo que sí está claro es que la guerra tiene visos de prolongarse en el tiempo, puesto que la resistencia de la dictadura teocrática está siendo mayor de lo prevista por Washington y Tel Aviv. Y esto ya está teniendo un serio impacto en la economía, sobre todo por el lado de los costes energéticos. El lehendakari, Imanol Pradales, propuso hoy al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un décalogo de medidas para afrontar esta crisis. 

“Si el conflicto se alarga hay que estar preparados y tenemos que dar la talla”, dijo Pradales, que advirtió de que el conflicto ya está causando “gran afección” a la industria electrointensiva por el incremento de la factura energética. En este sentido, Pradales defendió adoptar “medidas urgentes” que permitan reducir el coste empresarial de la electricidad y, al mismo tiempo, “proteger el bolsillo de las familias vascas”. 

Pradales asumió que las medidas en materia energética deben pasar por Moncloa, que es quien tiene la capacidad política y legislativa para modificar la fiscalidad en esta materia, que ahora mismo constituye la dimensión prioritaria para Lakua. Por ello, el lehendakari transmitió ayer cuatro reclamaciones en este aspecto: la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica, una reducción “drástica” de los peajes al transporte y distribución que pagan las grandes industrias consumidoras de gas y electricidad, un incremento de las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono y la reducción del IVA de la factura eléctrica del 21% al 5%. Se trataría de medidas similares a las que se introdujeron hace ahora cuatro años, cuando estalló la guerra de Ucrania y tanto el coste de la energía como la inflación se convirtieron en serias amenazas a la economía. 

En este sentido, Pradales proclamó que “lo importante es que el conflicto no se alargue”, puesto que si la guerra se prolonga “las consecuencias, no solo económicas sino también sociales, van a ser muy graves y muy negativas para todos”. “La Unión Europea tiene que actuar con firmeza, con una única voz y como un actor político global”, manifestó Pradales, que subrayó también la importancia de la colaboración interinstitucional. “Aquí cada uno no podemos hacer la guerra por nuestro lado, sino que tenemos que coordinar esfuerzos”, añadió.

La petición de Lakua de rebajar la carga impositiva de la generación eléctrica no es nueva. El pasado mes de enero, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, reclamó al Gobierno español revisar las “distorsiones” que encarecen la factura energética y que limitan la competitividad de la industria. Según los cálculos oficiales, la industria electrointensiva vasca paga por la energía hasta un 165% más que en Francia y un 35% más que Alemania, además de constituir el 50% de los costes de producción de este tipo de empresas. Jauregui denunció los “múltiples recargos ajenos al suministro eléctrico”, entre los que citó el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aportaciones obligatorias a fondos como el de Eficiencia Energética, y costes del sistema de electricidad “que podrían cubrirse mediante los Presupuestos Generales del Estado”.

De la misma manera, el lehendakari anunció que el próximo martes el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco va a aprobar diversas medidas para proteger a las empresas, en especial a las pymes. Estas medidas se orientarán a la financiación de las empresas vascas, la protección de las pymes, el refuerzo de la “autonomía energética” de Euskadi, y la protección de los puestos de trabajo “por si este conflicto se alarga”. En la reunión del Grupo para la Defensa Industrial desarrollada el pasado miércoles, las instituciones ya advirtieron de que sectores como la automoción, la siderurgia y la química van a figurar entre los más golpeados por el auge de los precios de la energía, que también suelen afectar a productores de aluminio, vidrio o papel. En cualquier caso, mientras la gran empresa cuenta con más recursos para hacer frente a esta situación, las pymes se encuentran con un nuevo problema que añadir a los que ya castigan sus cuentas, como las barreras arancelarias de Estados Unidos, la ralentización de la industria europea y la caída de los márgenes de rentabilidad.

Los incrementos de los precios del gas y el petróleo han obligado a liberar una cantidad récord de barriles de crudo por parte de las grandes potencias mundiales, en un intento de apaciguar las tensiones inflacionistas. En caso de agudizarse un bloqueo del Estrecho de Ormuz, por el que pasa casi una cuarta parte del petróleo mundial, las consecuencias no tendrían únicamente repercusión en los mercados energéticos, sino que también provocaría alteraciones en la logística y la exportación. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha recordado que cada aumento del 10% en los precios del petróleo, si se mantuviera durante la mayor parte del año, se traduciría en un aumento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y una caída del 0,1% al 0,2% en el crecimiento del PIB mundial.