Economía estudia el resultado de la consulta sobre la opa del BBVA al Sabadell

El Ministerio de Economía analizará esta semana la información recabada en la consulta sobre la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Sabadell para decidir antes del 27 de mayo si eleva esta cuestión al Consejo de Ministros, que podría endurecer las condiciones de la operación. El pasado viernes concluyó la consulta abierta desde la tarde del martes 6 de mayo para que cualquier persona, organización, asociación y agentes económicos que creyeran verse afectados por la operación -en la que el BBVA podría llegar a tomar el control del Sabadell- trasladaran sus preocupaciones rellenando un cuestionario.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó que la consulta “no es un referéndum” sobre la operación, en el que haya que votar sí o no a la opa, sino una forma de recabar la opinión de terceros para que el Gobierno pueda tomar una decisión sobre este asunto. La información recabada en este proceso no resulta vinculante, pero servirá al Ejecutivo para contar con la valoración más completa posible, lo que algunos interpretan como una vía para que el que Gobierno se arme de razones ajenas a cuestiones de competencia para intervenir y complicar la opa del BBVA al Sabadell.

El Gobierno no puede impedir la opa, pero tiene la opción de endurecer las condiciones de la operación impuestas por la CNMC con otras razones ajenas a la competencia, lo que le llevó a abrir la consulta pública, un formulario a rellenar por quien considere que en la opa del BBVA al Sabadell existen criterios de interés general. En ese caso se daba elegir cuáles serían entre diferentes opciones: defensa y seguridad nacional; protección de la salud pública; libre circulación de bienes y servicios; protección del medio ambiente; promoción de la investigación tecnológica; garantía de mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; y otros motivos.

El Banco Sabadell dejó claro desde un primer momento que participaría en la consulta, como también lo harían sindicatos, asociaciones empresariales y de consumidores. No obstante, algunos de ellos optaron por otras fórmulas alternativas al formulario para trasladar sus preocupaciones. Ese fue el caso de los empresarios catalanes que enviaron directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una misiva en la que recogían “poderosas razones de interés general”, hasta cinco motivos distintos, que justificarían la intervención del Ejecutivo.

En concreto, pedían evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero; preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión; prevenir la pérdida de ocupación y de oficinas; promover la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios; y garantizar la cohesión social y territorial.

EMPLEO

Repercusiones. Los sindicatos trasladaron a Economía su rechazo a la opa en un escrito en el que se cifraba una pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos, así como el cierre de entre 589 y 883 sucursales. BBVA no ha dado cifras del impacto en el empleo, aunque ha dado a entender que no sería igual de elevado que en proporciones como fusiones anteriores.