La vicepresidenta segunda y ministra de Empleo de España, Yolanda Díaz, se ha movilizado para tratar de conseguir una minoría de bloqueo a una propuesta de directiva europea sobre las prácticas laborales, que la presidencia húngara rotatoria de la Unión Europea pondrá hoy lunes sobre la mesa del Consejo de Empleo, y que supone “importantes pasos atrás”.
Así lo afirmaron a Efe fuentes oficiales españolas, que aseguraron que Díaz “está luchando para conseguir la minoría de bloqueo” para que no prospere la propuesta húngara y se puso en contacto durante los últimos días con ministros europeos de su misma cartera con ese objetivo, que espera alcanzar.
De esa manera, la responsabilidad de buscar el consenso entre los gobiernos de la UE para una directiva que regule prácticas laborales de calidad recaería en la próxima presidencia de turno semestral del Consejo de la UE, que asumirá Polonia a partir del 1 de enero.
El Gobierno central propone, según las fuentes, una regulación que garantice la plena aplicación del principio de no discriminación de las personas trabajadoras en prácticas.
Asimismo, Díaz quiere destacar la formación dentro de los periodos de prácticas, asegurando que se proporciona una formación de calidad.
Y además, añadieron la fuentes, la vicepresidenta española pretende impedir que los periodos de prácticas puedan ser utilizados para sustituir a personas trabajadoras a través de una regulación clara, que además permita actuar a las inspecciones de trabajo en este área en la UE.
El 20 marzo pasado, la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva que pretende garantizar que las prácticas no se utilicen para camuflar puestos de trabajo regulares, mediante controles e inspecciones, y que los becarios tengan las mismas condiciones que los empleados, incluido el pago, salvo que el trato diferenciado esté justificado por razones objetivas.
El Ejecutivo comunitario destacó entonces que en 2019 había en la Unión Europea 3,1 millones de personas en prácticas, de los que 1,6 millones recibían una remuneración.
Además de la directiva, Bruselas propuso en marzo revisar su recomendación a los Estados miembros sobre prácticas, que data de 2014, con el fin de que cubra a todos los becarios, con independencia de su situación laboral, incluidas las prácticas que forman parte de los planes de estudios de educación formal y las necesarias para acceder a profesiones específicas.
Y recomendó un pago “justo” para los becarios, garantizar el acceso a una protección social “adecuada”, designar un mentor que apoye y asesore al becario, promover un acceso igualitario a las prácticas o permitir el teletrabajo.
En el caso de la directiva, la versión final tiene que ser negociada por los colegisladores del club comunitario (países miembros del Consejo y Eurocámara). Una vez que esté adoptada, los países tendrán dos años para trasponerla a la legislación nacional. En cuanto a la recomendación, los Estados miembros tienen que adoptarla y, después, la Comisión invitará a los países a proporcionar información actualizada sobre iniciativas nacionales, reformas o estadísticas.
