El Instituto Vasco de Finanzas (IVF) activará una línea de avales por valor de 10 millones de euros para empresas afectadas por el aumento de costes energéticos derivados del conflicto en Ucrania. Para ello, el Consejo de Administración del IVF ha aprobado la convocatoria de un programa de financiación en forma de garantías financieras frente al riesgo de impago de las obligaciones adquiridas por empresas medianas (PYME) y empresas de mediana capitalización vascas de elevado consumo energético, en contratos de compraventa de energía a largo plazo.

La medida, según explicó el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, trata de posibilitar la formalización de este tipo de acuerdos que ofrecen a los consumidores “una mayor estabilidad en el coste de la energía eléctrica que soportan, tratando de limitar de esta manera el efecto que el aumento de los costes de energía ha tenido sobre las empresas de elevado consumo energético y protegiéndolas frente a la volatilidad del mercado”.

Según la Consejería, estos contratos de adquisición de energía, a medio y largo plazo “están despertando cada vez más interés entre las empresas de elevado consumo energético que, en previsión de que la alta volatilidad de los precios del mercado energético persista durante los próximos años, unido al contexto inflacionista derivado del proceso de recuperación post pandemia, conciben estos nuevos mecanismos como herramienta facilitadora para disminuir la incertidumbre en los precios de la energía y optimizar sus costes de explotación”.

Es en este contexto en el que el IVF, consciente de la importancia que la estabilidad de los costes energéticos tiene para una empresa, ha visto “la necesidad de implementar una medida complementaria en forma de garantía para las empresas de elevado consumo energético no electrointensivas”. Esta actuación es una de las ocho medidas contempladas en el programa Hitzartuz puesto en marcha por el Gobierno vasco en colaboración con el resto de las instituciones con el objetivo de reforzar el apoyo a los colectivos con mayores dificultades para pagar la factura energética y cubrir sus necesidades básicas; compensar la pérdida de poder adquisitivo; y apoyar al tejido empresarial, facilitando el acceso al crédito a aquellas empresas viables que estén atravesando una coyuntura complicada.