El Gobierno vasco activa las ayudas para la conciliación
El programa ofrece cofinanciación a empresas que contraten una consultora para hacer un diagnóstico y un plan de acción
El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha abierto ya la convocatoria de 2023 para que empresas, asociaciones y cooperativas puedan solicitar las ayudas económicas encaminadas a favores la conciliación de sus plantillas, con un presupuesto de 420.000 euros.
Este programa tiene como objetivo apoyar a las entidades y empresas privadas que buscan desarrollar un diagnóstico y un plan de acción para mejorar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
“Queremos seguir ayudando a las entidades que aún no tienen un plan de conciliación y que carecen de recursos técnicos para elaborarlo”, explico ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. Por segundo año consecutivo, este programa financia hasta el 70% del coste de contratación de una consultora que asistirá a las entidades en la elaboración de un diagnóstico de la situación de la empresa y de su personal laboral.
De esta manera, indicó Melgosa, se identifican los desafíos, posibilidades y necesidades en relación a la conciliación para elaborar, posteriormente, un plan adaptado a la empresa y a trabajadores.
La consejera aseguró que “el Gobierno vasco cree firmemente en la importancia de una conciliación eficaz para el bienestar de los trabajadores y para la salud organizacional y productividad de nuestro tejido empresarial”. El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 20 de julio de 2023. Las subvenciones se otorgarán a los proyectos mejor valorados, hasta agotar los fondos disponibles.
La convocatoria está abierta a empresas, asociaciones, cooperativas y entidades con personalidad jurídica propia e independiente. Las personas autónomas que actúen como empresarias también pueden beneficiarse de la ayuda. Sin embargo, las entidades públicas y aquellas con financiación mayoritaria del sector público están excluidas.
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