Siemens Gamesa recortará plantilla de modo relevante en los próximos dos años. Lo hará sobre todo con prejubilaciones y bajas incentivadas, sin descartar despidos forzosos para reducir en un máximo de 352 personas su plantilla en el Estado. Esta cifra podría reducirse durante la inmediata negociación del Expediente de Regulación de Empleo.
La multinacional alemana ha alcanzado un acuerdo con la mayoría del comité (UGT y CCOO) que establece salidas voluntarias a razón de 45 días por año trabajado sin tope de mensualidades, con un mínimo de 30.000 euros. También plantean prejubilaciones desde los 55 años hasta los 60 años con el 70%, 56 años con el 75% y siguientes con el 80% del salario hasta un tope máximo de 80.000 euros añadiendo un 5% adicional para aquellos salarios que no superen los 45.000 euros. A partir de los 61 años y hasta los 63 años, serían 45 días por año trabajado con un máximo de 36 mensualidades y a partir de 64 años 45 días por año con un máximo de 24 mensualidades.
En caso de que no se cumplan los objetivos de salidas previstas, plantean que la mesa de empleo continuará manteniendo reuniones para buscar medidas alternativas para evitar despidos traumáticos.
La empresa irá comunicando a partir de enero aquellos perfiles afectados por el recorte, sin poner nombres y apellidos, confiando en que a lo largo de los dos próximos años surjan los voluntarios suficientes para evitar los despidos forzosos, una posibilidad que en cualquier caso no se descarta. ELA ha decidido no firmar el acuerdo al no garantizarse a su juicio dos objetivos fundamentales: cero despidos forzosos y garantía de estabilidad en el medio plazo. “El compromiso que se alcanza es a nuestro entender muy genérico”, explicó Carlos Matute, presidente del comité (ELA), que valoró en cualquier caso las condiciones de salida pactadas.
El acuerdo, que en buena medida replica las condiciones pactadas en el ERE de 2018, apuesta por cubrir vacantes con las posibles posiciones afectadas ofreciendo la formación “razonable y necesaria”. Además, proponen que una empresa externa garantice que todos los trabajadores que salgan de la empresa puedan acceder a un puesto de trabajo estable (a falta de aceptación por el trabajador) en la misma ubicación geográfica.
Condiciones económicas
Por otro lado, en el acuerdo se extienden las condiciones económicas de salidas previstas en el convenio colectivo que finaliza en el año 2023 (las mismas recogidas en este acuerdo) hasta el 31 de diciembre de 2026 para el caso de despidos colectivos u objetivos individuales por causas económicas técnicas organizativas y de producción. UGT y CCOO acuerdan también excedencias voluntarias con reserva de puesto para un periodo mínimo de dos años y un máximo de tres años.
En caso de que puedan existir futuros procesos de reestructuración después de finalizar este proceso (31 diciembre de 2024) se utilizarían los criterios de asignación de este acuerdo “buscando soluciones con medidas no traumáticas”.
UGT-FICA y CCOO de Industria valoraron de manera positiva este acuerdo, que “se ha alcanzado en la mesa de empleo, en el ámbito del diálogo social entre ambas federaciones de industria, y recogido en el convenio colectivo suscrito por ambas organizaciones”.
Tras la la OPA lanzada por Siemens Energy para hacerse con el 100% de su filial, la multinacional anunció 2.900 despidos en el grupo. De ellos 475 inicialmente serían en España, aunque luego se redujeron a 352, que afectarán a las oficinas centrales de Zamudio y a las de Iruñea y Madrid. El convenio de oficinas de Siemens Gamesa contempla la negociación durante dos meses en la llamada mesa de empleo antes de acometer cualquier ajuste de plantilla, un plazo que ya ha vencido.
Los datos
352
Desde septiembre. Siemens Gamesa anunció en agosto un nuevo recorte de plantilla para hacer frente a las pérdidas que, en un momento de escalada de los costes, sacudían sus resultados anuales. La multinacional alemana anunció la supresión de unos 2..900 puestos de trabajo en todo el mundo, en torno a un 10% de la plantilla. De ellos 475 se ubicaban en el Estado español, si bien la cifra final se ha reducido hasta 352, que afectarán a las oficinas centrales de Zamudio y a las de Iruñea y Madrid.
