El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado un acuerdo con el Gobierno Vasco para financiar con 48,5 millones de euros de los fondos europeos de recuperación la construcción de 1.140 viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler social en 14 parcelas de Euskadi.

Según ha informado el Ministerio, el acuerdo ha sido suscrito por el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio, Javier Martín, y el viceconsejero de Vivienda del País Vasco, Pedro Jáuregui.

El texto recoge las ayudas para la promoción de viviendas en un total de 11 municipios, que serán ejecutadas directamente por Visesa (Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.), propietaria del suelo, junto con la propia comunidad. La inversión total prevista en estas promociones es de 173,51 millones de euros.

De ellas, 318 viviendas están previstas en dos parcelas en Vitoria-Gasteiz y otras 102 viviendas se ubicarán en dos parcelas en Amurrio, también en Álava. En Bizkaia, se contemplan 180 viviendas en Sestao, 122 viviendas en dos parcelas en Getxo, 108 viviendas en Barakaldo, 42 viviendas en Santurtzi y 24 viviendas en Sopela.

Por lo que respecta a Gipuzkoa, se incluyen 66 viviendas en Hondarribia, 108 viviendas en Zumárraga, 46 viviendas en Orio  y 24 viviendas en Urretxu.

ENERGÉTICAMENTE SOSTENIBLES

La actuación está incluida en el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

A través del programa, dotado con 1.000 millones de euros, de los que ya se han transferido 500 millones a las comunidades y ciudades autónomas, se busca financiar el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública. En 2023 se traspasarán los 500 millones de euros restantes.

En este contexto, el Ministerio ha trasferido a Euskadi casi 24,3 millones de euros y está prevista una transferencia adicional del mismo importe a principios del año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

El objetivo es incrementar el parque público de vivienda asequible durante un período mínimo de 50 años y con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.